Durante las ultimas semanas Estados Unidos ha trasladado de manera silenciosa migrantes venezolanos a Colombia.
Según dos funcionarios de la seguridad nacional el gobierno del presidente Joe Biden ha expulsado venezolanos de los EE.UU. que fueron detenidos en la frontera con México y los está enviando a Colombia, esto como parte de una estrategia del gobierno de tratar de frenar el flujo de migrantes.
Cabe resaltar que los vuelos en los que han sido transportados no han sido previamente informados y en el mes de diciembre la oficina de Aduanas de Protección Fronteriza de los Estados Unidos registró más de 13.000 adultos solteros procedentes de venezuela en la frontera sur norteamericana.
¿Te gustó la información? Sigue conectado con nosotros a través de nuestro canal de YouTube
Una demanda ha sido interpuesta en contra del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por los programas de vigilancia que utiliza para supervisar a los inmigrantes. Lo que se exige por medio de esta demanda es que se haga público qué se hace con la información obtenida. Un grupo de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes demandó al gobierno por la falta de transparencia del Programa Alternativo de Detención (ATD) de inmigrantes que son liberados bajo el pago de una fianza, con grilletes en espera de sus audiencias o se les otorga un teléfono móvil desde donde deben reportarse periódicamente, y, a través del cual reciben indicaciones respecto a qué hacer durante sus procesos migratorios. Se plantea que por este medio, son permanentemente vigilados por el GPS de los dispositivos móviles. Los demandantes alegan que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, una dependencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no publica datos acerca de la información que recopila de inmigrantes bajo el ATD y tampoco existe supervisión sobre la agencia por el manejo de la información recopilada. El Programa de Alternativa de Detención consiste en un conjunto de leyes, reglamentos, políticas o prácticas formales o informales que permiten al gobierno liberar a personas -o no detenerlas- por motivos relacionados con su situación migratoria en Estados Unidos. La demanda fue presentada por las siguientes organizaciones pro migrantes: Mijente Support Committee, el Just Futures Law y Community Justice Exchange. Ellos demandan a ICE con el fin de recibir información sobre los datos que la agencia federal recopila de los inmigrantes que fueron previamente procesados y luego fueron colocados en libertad bajo el Programa de Alternativa de Detención. Recurrieron a este recurso porque, en septiembre del año pasado el grupo presentó una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) con una serie de preguntas relacionadas con el programa ATD y al día de hoy, no han obtenido respuesta a su solicitud. Por tal razón, presentaron la demanda para transparentar la información del ATD en manos del gobierno federal. El objetivo principal de la demanda, es dar respuesta sobre qué hace, qué información tiene, cómo ICE guarda y emplea toda la información recopilada. ICE dice que en el programa ATD, a cargo de la Unidad de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) utiliza tecnología y protocolos de manejo de casos para “monitorear el cumplimiento” de los no ciudadanos (indocumentados) con órdenes finales de remoción o con liberación condicionada mientras sus casos de inmigración están pendientes. Sin embargo, no solo está relacionado con los datos e información, la demanda quiere ir más allá y que se evidencie claramente que está pasando con este proyecto. Algunas de las preocupaciones que expresan los demandantes son:“La falta de transparencia por parte del gobierno en torno al programa “, dijo a Univision Noticias Jacinta Gonzalez, directora principal de campaña de Mijente.En declaraciones al Dauly News, la activista también dijo que “ICE ha hecho crecer agresivamente su programa de encarcelamiento electrónico en los últimos años, en gran parte sin supervisión ni debate público”. De acuerdo con datos de ICE, la inscripción en el programa ATD ha aumentado con los años. En enero se tenía una cifra de más de 182.600 personas en el programa, 60.000 más que durante los seis meses anteriores. En febrero, ICE dijo que preparaba un plan piloto para extender el ATD con el objetivo de favorecer a extranjeros que buscan asilo, un beneficio legal disponible, y que no representan un riesgo para la seguridad pública o nacional. El plan de crecimiento del ATD asomó poco después de conocerse, en enero, un récord de casos acumulados en la Corte de Inmigración (EOIR), con 1.6 millones, de acuerdo con un reporte del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse en Nueva York. En la actualidad la cifra de acumulados supera los 1.7 millones. El objetivo del programa ha dicho el gobierno, es reducir la cantidad de extranjeros en centros de detención tanto de La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) como del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), y de paso cumplir con una de las promesas de campaña del presidente de poner fin al lucro con los inmigrantes en centros de detención manejados por empresas privadas. No obstante, el fin del lucro mencionado por el gobierno está en duda para los demandantes. “Los datos muestran que han incrementado los ATD, ha crecido la cantidad de dinero y el número de personas que ponen en vigilancia”, dice González. A su vez, el programa de vigilancia de ICE está a cargo de BI Inc, una subsidiaria de Geo Group, empresa que maneja la mayoría de los centros de detención de ICE en el país.GEO Group controla a más de 200.000 migrantes mediante tobilleras electrónicas, al menos 26.000 bajo un sistema de reconocimiento de voz y unos 26.000 extranjeros por reconocimiento facial conocido como Smartlink, de acuerdo con datos de la agencia. Los demandantes alegan que no hay datos suficientes para conocer qué hace BI con los datos de los miles de no ciudadanos colocados en el programa y por eso la demanda, para que haya transparencia, porque la gente debe saber qué información tiene en sus manos el gobierno, y qué hace con ella, además, permite que no se lucre y finalmente, asegurarse que la información solo se puede utilizar para los fines que fue recolectada.
Noticia realizada con información de: Univisión Noticias
Las autoridades fronterizas de Estados Unidos detuvieron a más de 210.000 inmigrantes que intentaban cruzar la frontera con México en marzo, el mayor total mensual en dos décadas y que subraya los desafíos en los próximos meses para el presidente de EE.UU, Joe Biden. Biden, un demócrata que asumió el cargo en enero de 2021, se comprometió a revertir muchas de las políticas de inmigración de su predecesor republicano, el ex presidente Donald Trump, pero ha luchado tanto operativa como políticamente con el alto número de intentos de cruce. El total de marzo supone un aumento del 24% con respecto al mismo mes del año anterior, cuando se detuvo a 169.000 migrantes en la frontera. Igualmente, superando los 200.000 migrantes por tercera vez durante su gobierno. Estos números, podrían ser el preámbulo de lo que se avecina ante la terminación del Título 42 el 23 de mayo, hay que tener presente que la terminación de este Título que permite expulsar masivamente a cientos de inmigrantes para evitar la propagación del Covid-19 se da por la recomendación de funcionarios de salud. Igualmente, de acuerdo con los datos presentados, el mes pasado se procesó a 221.303 inmigrantes, lo que superó el pico anterior bajo la administración Biden en julio de 2021, cuando los funcionarios estadounidenses registraron 213.593 encuentros con migrantes. Por otro lado, aunque más de la mitad de los migrantes encontrados en la frontera entre Estados Unidos y México en los últimos meses proceden de los países tradicionales, México, Guatemala, Honduras y El Salvador, cada vez llegan más inmigrantes de lugares apartados como Ucrania y Rusia.Las autoridades estadounidenses se preparan para un máximo de 18.000 encuentros con migrantes al día en las próximas semanas. Finalmente, los más de 210.000 migrantes detenidos en marzo, cifra hecha pública en una presentación judicial el viernes por la noche, es el total mensual más alto registrado desde febrero de 2000, según las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP, en inglés). Nota realizada con información de: LaRazon.es y UNIVISIÓN
Un autobús con una decena de indocumentados solicitantes de asilo llegó el miércoles a Washington enviado por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott.
Abbott, anunció la semana pasada que enviaría inmigrantes indocumentados a Washington DC ante la inminente cancelación del Título 42 por parte de la administración del presidente Joe Biden, este título impedía que la mayoría de los inmigrantes ingresen a Estados Unidos para buscar asilo durante más de dos años, por motivo de la pandemia. El fin oficial de este, está programado para el 23 de mayo.
Hasta el momento, se tienen registro de dos autobuses provenientes de Texas, el cual transportó a una docena de migrantes originarios de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Colombia, que llegaron nuevamente a Union Station, tal como lo hizo el primer grupo la mañana del miércoles.
Catholic Charities DC (Caridades Católicas) tenía personas en Union Station el miércoles por la mañana cuando los migrantes fueron dejados para proporcionarles asistencia, según Kate Kennedy, jefa de comunicaciones de esa organización. Dicha entidad proporciona toda una serie de servicios como asistencia alimentaria y atención médica, entre otros servicios sociales en el área metropolitana Washington.
Por otro lado, aunque Abbott calificó a estas personas de «migrantes ilegales», la Casa Blanca informó que son personas que están tramitando su solicitud de asilo en Estados Unidos y que, por tanto, son «libres» de moverse por el país.
Es necesario destacar, que una vez un inmigrante es procesado por las autoridades federales y liberado de la custodia, se le permite moverse por todo el país mientras se somete a los procedimientos del tribunal de inmigración. Un juez de inmigración decidirá en última instancia si se les permite permanecer en Estados Unidos o ser deportados.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que las personas que anteriormente recibieron DACA ahora pueden presentar en línea el Formulario I-821D, consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.
“La expansión de la presentación en línea es una prioridad para USCIS, ya que hacemos que nuestras operaciones sean más eficientes y efectivas para la agencia y nuestros solicitantes”, dijo la directora de USCIS, Ur M. Jaddou.
En este momento, la opción de presentar en línea solo está disponible para personas a las que se les haya otorgado DACA anteriormente. Dichas personas también deben presentar el Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo, que está disponible en línea, y cargar el Formulario I-765WS, que es evidencia como parte de la presentación de DACA.
Sin embargo, las personas que solicitan DACA por primera vez no pueden acceder a este beneficio, ellos deben presentar el Formulario I-821D en formato impreso.
Con la adición del Formulario I-821D, las personas ahora pueden presentar 13 formularios de USCIS en línea, los cuales se pueden encontrar en la página Formularios Disponibles para la Presentación en Línea.
Cabe resaltar, que para presentar estos formularios en línea, los solicitantes deben primero crear una cuenta en línea de USCIS, que brinda un método conveniente y seguro para enviar formularios, pagar tarifas y dar seguimiento el estatus de cualquier solicitud de inmigración pendiente con USCIS durante todo el proceso de adjudicación.
La creación de esta cuenta no tiene ningún costo, por el contrario, son mayores los beneficios al brindar la posibilidad de comunicarse con la agencia a través de una bandeja de entrada segura y responder en línea a las solicitudes de evidencia.
De acuerdo con la agencia de inmigración, desde el lanzamiento de la presentación de trámites en línea en 2017, la cantidad total de formularios presentados en línea ha aumentado significativamente. En el año fiscal 2021, se presentaron en línea aproximadamente 1,210,700 peticiones y solicitudes, un aumento del 2.3 % con respecto a las 1,184,000 presentadas en el año fiscal 2020.
Once personas que residían en California fueron acusadas por su vínculo con la gestión de una «agencia» de fraude matrimonial a gran escala que supuestamente arregló cientos de matrimonios falsos para ajustar estatus migratorios, informó el Departamento de Justicia.
La acusación reseña que estos individuos operaban una “agencia” que organizó cientos de matrimonios falsos entre “clientes” extranjeros y ciudadanos estadounidenses. Como parte del esquema de operación, se reclutaba a ciudadanos estadounidenses dispuestos a casarse con los clientes de la agencia a cambio de una tarifa inicial y pagos mensuales hasta después del matrimonio, para mantener a los ciudadanos estadounidenses receptivos y cooperativos hasta que el cliente de la agencia tuviera su estatus legal.
La agencia supuestamente preparó y presentó peticiones, solicitudes y otros documentos falsos para corroborar los matrimonios fraudulentos y asegurar el ajuste de los estatus migratorios de los clientes por una tarifa de entre $20,000 y $30,000 en efectivo.
Uno de los capturados fue, Marcialito Biol Benítez, alias “Mars” , quien junto a sus cómplices ayudaban a algunos clientes, generalmente aquellos cuyos cónyuges no respondían o no cooperaban, a obtener tarjetas de residencia bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) al afirmar que los clientes indocumentados habían sido abusados por presuntos cónyuges estadounidenses.
“El fraude matrimonial es un delito grave que amenaza la integridad del sistema de inmigración legal de nuestra nación”, dijo la fiscal federal Rachael S. Rollins. “La supuesta explotación de este sistema por parte de estos acusados con fines de lucro es una afrenta a la tradición de nuestra nación de dar la bienvenida a inmigrantes y posibles ciudadanos. Su supuesto comportamiento fraudulento dificulta las cosas para la gran mayoría de los inmigrantes que siguen la ley y respetan nuestro sistema de inmigración. Más allá de eso, al supuestamente presentar solicitudes falsas que alegaban abuso doméstico, estos acusados causaron más daño, esta vez a víctimas reales y sobrevivientes de violencia doméstica”.
Se plantea que, los acusados concertaron matrimonios fraudulentos y presentaron documentos de inmigración falsos para al menos 400 clientes entre octubre de 2016 y marzo de 2022. El cargo de conspiración para cometer fraude matrimonial contempla una sentencia de hasta cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de $250,000.
Joseph R. Bonavolonta, agente especial a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), en Boston, dijo: “Creemos que su supuesto esquema violó las leyes de inmigración vigentes que sirven para proteger la seguridad pública y creó una desventaja para aquellos que buscan obtener su ciudadanía legalmente”.
Entre los once acusados, seis eran de nacionalidad filipina, residían en el estado de California y uno era brasileño.
Información tomada de: El tiempo Latino, Departamento de Justicia y Oficina Fiscal de los Estados Unidos.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció ayer 7 de abril que eximirá de entrevista obligatoria a algunos residentes permanentes condicionales que han diligenciado una petición para eliminar el estatus condicional.
En la entrevista, este tipo de residentes casados ciudadanos con estadounidenses deben comprobar ante el oficial de USCIS que su matrimonio es real y no por obtener un beneficio migratorio.
De acuerdo con la política actualizada, USCIS puede obviar el requisito de la entrevista si un oficial de la agencia determina que hay suficiente evidencia sobre la buena fe del matrimonio, no hay indicios de fraude, falsa representación en los documentos de respaldo, y no hay antecedentes penales, entre otras consideraciones.
Los nuevos criterios guiarán a los oficiales para determinar cuándo eximir de las entrevistas a los residentes permanentes que presentaron una petición I-751 para que se les retiren las condiciones a su residencia.
Por otra parte, la directora de USCIS, Ur M. Jaddou, quien es la primera mujer en ocupar este puesto, dijo en un comunicado que esta actualización «es congruente con las prioridades de la agencia para derribar las barreras en el sistema de inmigración y eliminar las cargas indebidas para quienes buscan beneficios».
Actualmente, el tiempo de espera para las solicitudes I -751 es de 22 a 36 meses y según datos de la agencia para el 2017 se presentó más de 166.000 solicitudes.
Son diversos los cambios que se están dando en el gobierno de Joe Biden, flexibilizando con ello la norma impuesta por el gobierno del entonces presidente Donald Trump en 2018, que proclamaba que todos aquellos que obtuvieron la residencia permanente condicional por ser cónyuges de ciudadanos estadounidenses y que han presentado una solicitud para que se les retire el estatus condicional asistieran a una entrevista personal con USCIS.
Información tomada de: EFE Noticias
Mantente actualizado sobre inmigración con nuestro canal de YouTube:
En mayo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza prevé un incremento de migrantes.
El Gobierno del presidente Joe Biden se prepara para una nueva ola de migrantes que llegará a través de las fronteras terrestres de Estados Unidos, principalmente la sur, luego de que en mayo finalice el polémico Título 42.
Blas Nuñez-Neto, subsecretario adjunto de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, habló del asunto en RCN Mundo y explicó cómo se prepara el gobierno de Biden para enfrentar el cambio:
«Nuestro departamento enviará oficiales, agentes y personal de su fuerza de voluntarios a la frontera en las semanas que vienen; ya hemos redistribuido a más de 600 agentes de la patrulla fronteriza y estamos dispuestos a seguir mandando gente si fuese necesario», dijo Nuñez-Neto. También, se habla de sumar herramientas tecnológicas como drones y la construcción de infraestructura para poder procesar a más personas de una manera segura y respetar sus derechos.
Con respecto, a las deportaciones acordadas con otros gobiernos, los esfuerzos de Estados Unidos ahora se concentrarán en invertir en el desarrollo de los países de origen de los migrantes para mejorar allí sus condiciones y evitar, en consecuencia, su intento de migrar.
En Estados Unidos hay división por el fin del Título 42. Semanas atrás, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó la aplicación de esa normativa de «terrible e inhumana» y dijo sentirse «profundamente decepcionado» por el hecho de que Biden la siguiera utilizando.
En cambio, el Partido Republicano consideró que el levantamiento del Título 42 es «una decisión desastrosa que abrirá las compuertas» de la migración en Estados Unidos.
Finalmente, aún faltan semanas para la finalización del Título 42 y se desconocen los posibles cambios que se puedan dar en el entorno político y social.
Información tomada de: RCN Mundo y Debate.
Mantente actualizado sobre inmigración con nuestro canal de YouTube:
Estados Unidos derogará el Título 42, mecanismo del que se ha valido desde 2020 para expulsar de manera masiva a más de 1,7 millones de migrantes en su frontera con México.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos enviaron un comunicado este viernes, 1 de abril, anunciando que a partir del 23 de mayo quedará derogado el Título 42, la herramienta con la que se estuvieron produciendo expulsiones masivas en la frontera sur entre EE.UU. y México. La medida fue implantada en marzo de 2020 por el gobierno de Donald Trump y permite a las autoridades estadounidenses expulsar a los migrantes que buscan asilo sin que se les dé la oportunidad de presentar su caso. Los menores y algunas familias están exentos.
El fin de esta medida, las autoridades de los CDC lo han oficializado a través de un comunicado en el que se manifiesta que la llegada de migrantes a territorio estadounidense ya no compromete la situación de emergencia sanitaria derivada del Covid-19, debido a la mayor disponibilidad de medios para combatir el virus como las vacunas y tratamientos.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, destacó a través de un comunicado que el Título 42 es un recurso para proteger la salud pública, no para desfavorecer la migración. Además, añadió que este mecanismo fue implantado por los CDC «para protegerse contra la expansión de una enfermedad contagiosa», como es el Covid-19.
A partir del 23 de mayo, los migrantes indocumentados que lleguen a la frontera sur estadounidense serán investigados con base en el Título 8, que es la norma previa y común por la que EE.UU. realiza deportaciones desde su territorio. Para la Casa Blanca, los migrantes que no tengan una “base legal” para quedarse en el país serán expulsados.
Tras la decisión de las autoridades sanitarias estadounidenses, se espera una fuerte ola de migrantes en la frontera de cara a los meses de primavera y verano. En la última semana las autoridades del DHS confirmaron que estaban llegando unos 7.100 inmigrantes al día, una cifra superior a la registrada en febrero. En este sentido, los funcionarios fronterizos asumen que en los próximos meses y semanas se podrá alcanzar un pico de 18.000 llegadas al día. El director del DHS, Alejandro Maryokas, dijo el viernes que su agencia tenía una estrategia para «manejar cualquier aumento potencial de migrantes».
Los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y el departamento del trabajo (DOL) anunciaron la disponibilidad de 35.000 visas tipo H2-B para la cuota del año fiscal 2022, esto como respuesta a presiones de empleadores y grupos empresariales afectados por la escasez de trabajadores debido a la pandemia y bajos salarios.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, con esta regla final temporal conjunta se busca que esas visas se reserven para los empleadores estadounidenses que buscan emplear trabajadores adicionales a partir del 1 de abril de 2022, hasta el 30 de septiembre de este año, esto ayudará a apoyar a las empresas estadounidenses y expandirán las vías legales para los trabajadores que buscan venir a Estados Unidos, precisó el secretario Alejandro Mayorkas.
Mantente actualizado sobre inmigración con nuestro canal de YouTube.
