El sábado se dió a conocer quienes fueron los participantes que fueron seleccionados para la segunda etapa de la lotería de visa 2023 que otorga 55 mil tarjetas de residencia o green card a inmigrantes que quieren residir de forma legal en los Estados Unidos.
La selección de ganadores de la lotería se lleva a cabo “por un sistema aleatorio según las asignaciones de visas disponibles en cada región y país, de todas las solicitudes registradas”, dijo el Departamento de Estado (DOS).
Para consultar el estado de su solicitud, lo debe hacer mediante la página digital del sorteo de Visas de Diversidad (DV), la cual, se actualizará para informar a todos los participantes si su registro en línea fue seleccionado o no. Para realizar la consulta, necesita ingresar el número de confirmación que obtuvo cuando llenó su formulario de inscripción, sin este no será posible.
Además, el DOS señala que “no enviará cartas de notificación ni notificará a los seleccionados por correo electrónico”. Y que las embajadas y consulados de Estados Unidos “no proporcionarán una lista de seleccionados”.
Posterior a ese primer filtro, a los participantes que continúan en concurso para la obtención de la visa, se les solicitará información adicional a la enviada en la solicitud de participación, por ejemplo, documentos para corroborar datos de identidad y curricular. También, deberán acudir a una cita ante un consulado de Estados Unidos.
El Departamento de Estado distribuye las visas entre seis regiones geográficas, y ningún país puede recibir más de 7% de los DV disponibles en cualquier año. Este año, entre los países elegibles se tienen a: Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Bolivia, Chile, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad, Tobago y Uruguay, también tuvieron oportunidad de participar: Egipto, Argelia, Uzbekistán, Irán, Ucrania, Nepal, Afganistán, Congo,etc.
Por otro lado, se encuentran los países más de los 50.000 ciudadanos que emigraron a EE.UU en los últimos cinco años y no pueden realizar postulación, algunos de ellos son: Bangladesh, Brasil, China, Hong Kong, Colombia, El Salvador, Haití, Honduras, México, Pakistán, Corea del Sur, Venezuela y Vietnam.
Finalmente, el Departamento de Estado anunció a los seleccionados al azar, que tendrán hasta el 30 de septiembre del año en curso para averiguar si fueron seleccionados o no.
Noticia realizada con información de: Univisión y Telemundo.
El público tendrá acceso a respuestas inmediatas y claras sobre los tiempos de procesamiento de casos.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció el jueves cambios para simplificar y mejorar la manera en que la agencia comunica los datos de los tiempos de procesamiento de los casos al público. Como parte de un compromiso de toda la agencia para mejorar la transparencia, la eficiencia y el servicio al cliente, estos cambios también facilitarán que las personas obtengan una respuesta inmediata sobre cuándo pueden hacer una consulta sobre su caso.
La directora de USCIS, Ur M. Jaddou anunció que «USCIS está comprometido a escuchar a nuestros solicitantes y grupos interesados, y a mejorar continuamente nuestros servicios», igualmente, “Este es un paso importante, y seguramente no será el último en búsqueda de mejorar la claridad y la transparencia de los datos que USCIS brinda al público».
Los tiempos de procesamiento que la agencia pone a la disposición del público proporcionan la información necesaria para comprender cuánto tiempo puede tomar a USCIS procesar un formulario en particular. Para dar este tiempo estimado se basaron en las estadísticas de los 6 meses anteriores de cuánto le tomó a USCIS aprobar o denegar un porcentaje específico de casos para un determinado formulario.
A raíz de la pandemia de COVID-19 y debido a las limitaciones de recursos producto de la administración anterior, USCIS acumuló un número significativo de casos pendientes y experimentó un aumento en los tiempos de procesamiento. En febrero se hablaba de 9.5 millones de solicitudes acumuladas.
Con los cambios adicionales efectuados, los usuarios pueden encontrar inmediatamente la información del tiempo de procesamiento para su tipo particular de caso, en lugar de ver un agregado de todos. Entre los cambios se incluyen:
-Menú desplegable para categorías de formulario. Por ejemplo, si deseas verificar cuánto tiempo de espera actual es para el Formulario N-400 Solicitud de Ciudadanía en el Centro de Servicio de Nueva York, puedes limitar los resultados especificando la categoría del formulario.
-El tiempo de espera ahora se concreta a un solo número (por ejemplo, 7.5 meses) en lugar de un rango (7.5 a 11 meses).
-Revisar, simplificar y agregar contenido adicional a las páginas web de tiempos de procesamiento para aumentar la transparencia, incluyendo una nueva página de Preguntas Frecuentes y una página mejorada de Información Adicional.
Por último, esta iniciativa de la agencia, se hace en búsqueda de mejorar la forma en que se muestran los tiempos de procesamiento, gestionando de manera significativa, concreta y útil para ambas partes. Sin embargo, hay que resaltar que cada caso es único, y algunos casos tardan más que otros en procesarse, dependiendo de las particularidades del caso.
Noticia realizada con información de: USCIS y Telemundo 47
La mayoría de los inmigrantes que tienen autorización de empleo vencida o que expirará en los próximos meses, podrán seguir trabajando mientras el gobierno procesa sus renovaciones.
La nueva política de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) fue adoptada en respuesta al gigantesco atasco que maneja la agencia, la cual en abril superaba los 9 millones de solicitudes de beneficios. Algunos de los beneficiarios serían los titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) y peticionarios de asilo político, entre otros.
«La Regla Final Temporal (TFR) aumenta el período de extensión automática para la autorización de empleo y los Documentos de Autorización de Empleo (EAD), disponibles para ciertos solicitantes de renovación de EAD, hasta 540 días», dijo la agencia en un comunicado. La TFR, que solo aplica a las categorías de EAD actualmente elegibles para una extensión automática de hasta 180 días, proporcionará temporalmente hasta 360 días adicionales de extensión automática (para un total de hasta 540 días) a los solicitantes elegibles que tienen una solicitud de renovación del Formulario I-765 pendiente, presentada oportunamente durante el período de 18 meses posterior a la publicación de la TFR mientras el USCIS trabaja con los casos pendientes que se intensificaron durante la pandemia de COVID-19.
El aumento entrará en vigencia inmediatamente el 4 de mayo de 2022 y ayudará a evitar brechas en el empleo para los no ciudadanos con solicitudes de renovación de EAD pendientes. Estabilizando la continuidad de las operaciones para los empleadores estadounidenses, así lo dió a conocer el USCIS.
Se estima que hasta 420.000 inmigrantes que renueven sus permisos de trabajo estarán protegidos contra la pérdida de su capacidad para trabajar durante la vigencia de la política.
El gobierno dijo que el cambio de política permite a los inmigrantes elegibles trabajar con documentos vencidos por hasta 540 días, en lugar de 180. Eso significa que incluso las decenas de miles de personas que pasaron su ventana de 180 días tienen hasta otro año de autorización de trabajo.
Sin embargo, deja claro que algunos inmigrantes elegibles para permisos de trabajo, incluidos los beneficiarios de DACA y algunos cónyuges de titulares de visas H-1B, no se beneficiarán de la nueva política porque nunca fueron elegibles para la extensión de 180 días de sus autorizaciones vencidas.
Finalmente, es un parte de tranquilidad temporal para los trabajadores y empleadores, ya que pueden continuar en sus labores mientras renuevan y esperan la respuesta a su solicitud.
Noticia realizada con información de: USCIS y Univisión
California, el primer estado de la nación en ampliar MediCal para los adultos de bajos ingresos mayores de 50 años, sin importar su estatus de migración.
Los indocumentados mayores de 50 años que estén por debajo de ciertos umbrales de ingresos serán elegibles para la cobertura completa de Medi-Cal, la versión californiana de Medicaid, la asociación federal-estatal que brinda seguro médico a personas de bajos ingresos, así lo señala California Health Line.
Esta población sin distinción de edad, representan el 40% de los aproximadamente 3,2 millones de residentes del estado sin seguro. Las estimaciones oficiales sitúan el número de nuevas personas elegibles en 235.000. Aquellos que se registren se unirán a los más de 220.000 inmigrantes sin papeles de 25 años o menos ya inscritos en Medi-Cal.
Si el gobernador Gavin Newsom logra su meta, lo que parece completamente posible, considerando la perspectiva financiera optimista del estado, California podría permitir que todos los indocumentados de bajos ingresos restantes, aproximadamente 700.000 personas, se unan a Medi-Cal para 2024 o antes.
Actualmente, de acuerdo a lo dispuesto en la ley, todos los inmigrantes sin papeles que cumplan con los criterios financieros pueden obtener una cobertura limitada de Medi-Cal, en la cual se incluyen servicios de emergencia y de embarazo, en algunos casos, atención a largo plazo.
Pero cuando se inscriben en Medi-Cal completo, obtienen una cobertura integral que incluye atención primaria, medicamentos recetados, atención de salud mental, atención dental y oftalmológica, anteojos, entre otros.
Las personas que quieran registrarse en el programa deberán tener en cuenta la siguiente documentación:
– Número de Seguro Social, en caso de que tenga uno
-Una identificación del estado de California
-Información de impuestos federales. Si no declara impuestos, aún puede calificar para un seguro gratuito o de bajo costo a través de Medical.
-Uno o dos talones de pago o comprobantes del servicio de desempleo
-Documentos de inmigración para no ciudadanos, como un número “A” (A-number), número de USCIS o número de documento de llegada/salida. Los familiares indocumentados no son elegibles para la cobertura de Covered California, pero pueden calificar para otros programas.
-Información sobre el empleador y los ingresos de todos los miembros de su familia.
“Este es un momento clave cuando se quiere incorporar a todos estos inmigrantes indocumentados de edad avanzada al sistema de atención médica”, dice Arturo Vargas Bustamante, profesor de política y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública Fielding de la UCLA. Si dejas desatendidas sus afecciones crónicas, dice, simplemente terminarán en la sala de emergencias y será más costoso tratarlos. Esta medida el profesor Vargas, la ha catalogado como “una forma responsable de invertir”.
Los inmigrantes indocumentados juegan un papel importante en la fuerza laboral, pagando aproximadamente 3.200 millones de dólares en impuestos estatales y locales al año en California y 11.700 millones a nivel nacional. El sentido de la inmigración ha cambiado, ya no solo se trata de empleos temporales y luego retornar a su país de origen, esta población se está quedando y construyendo familias en el país.
El programa quiere llegar a todos los posibles beneficiarios, por tal razón, se prepara para atender y dar manejo a los diferentes requerimientos que se puedan presentar.
El Departamento de Servicios de Atención Médica, que administra Medi-Cal, está trabajando con los funcionarios del condado, los defensores de los consumidores y el mercado de seguros de salud estatal, Covered California, para llegar a los inmigrantes elegibles. Ha publicado avisos con preguntas frecuentes en varios idiomas. Y la agencia tiene una página de “expansión para adultos mayores” en su sitio web, disponible en inglés y español. Todo esto, con el fin de que las personas no sientan dudas de inscribirse y puedan acceder al beneficio sin desconocimiento del mismo.
Sin embargo, incluso cuando los defensores y los funcionarios de salud corren la voz sobre las nuevas reglas de elegibilidad, se mantienen alerta ante por si surge desconfianza de parte de los inmigrantes que recuerdan la regla de carga pública de la Administración de el ex presidente Donald Trump, que reavivó el temor de que solicitar beneficios públicos podría dañar su estatus migratorio o incluso llevar a la deportación. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, muchos temen que esos días no hayan quedado atrás.
No obstante, el National Immigration Law Center señala que Public Charge es definido por el Servicio de Migración y Aduanas (USCIS), como un individuo que probablemente llegue a depender para su subsistencia del gobierno, al recibir asistencia pública en dinero en efectivo, y no se puede sostener a sí mismo. Sin embargo, los defensores de los inmigrantes han reiterado que MediCal no se considera una carga pública.
Finalmente, el Departamento de Servicios de Atención Médica y varias organizaciones tienen manejo del tema y están disponibles para dar a conocer los nuevos beneficios de Medi-Cal para inmigrantes mayores, incluyendo cómo hacer el proceso de inmigración que estará disponible durante todo el año y cómo elegir un plan de salud y un proveedor.
Noticia realizada con información de: EFE, Conexión Migrante y La Opinión.
Un juez federal de Louisiana bloqueó temporalmente la decisión del gobierno de Joe Biden de poner fin al Título 42, una política de salud pública que restringe el acceso de inmigrantes debido a la pandemia de coronavirus.
La medida estaba prevista para finalizar el próximo 23 de mayo, pero con el bloqueo emitido por la Corte de Distrito Este de Louisiana, División de Lafayette, seguirá vigente, razón por la cual los migrantes que llegan a la frontera sur seguirán siendo devueltos.
La información fue dada a conocer por el juez Robert Summerhays de la siguiente manera: «La Corte discutió la Solicitud de Orden de Restricción Temporal [ECF No. 24] presentada por el demandante (la Oficina del Procurador General de Arizona). Por las razones expuestas en el expediente, el Tribunal anunció su intención de otorgar la solicitud. Las partes consultarán sobre los términos específicos que se incluirán en la Orden de Restricción Temporal e intentar llegar a un acuerdo», es una parte del escrito de 25 páginas.
La respuesta ha sido celebrada y aplaudida por los diferentes estados demandantes y opositores a las políticas que desea implementar Joe Biden. El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, aplaudió al tribunal por otorgar una Orden de Restricción Temporal (TRO, por sus siglas en inglés) contra la administración de Biden para mantener el Título 42 en vigor, a pesar de que ya ha intentado revertirlo antes de la fecha límite del 23 de mayo.
El anuncio también fue celebrado por el procurador general de Missouri, Eric Schmitt, quien afirmó que «Esta es una gran victoria para la seguridad fronteriza, pero la lucha continúa», publicó en sus redes sociales.
La demanda estuvo encabezada por Arizona y respaldada por los estados de Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Kansas, Kentucky, Louisiana, Missouri, Montana, Mississippi, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, West Virginia y Wyoming, los cuales le habían pedido a la corte que le impidiera al gobierno poner fin al Título 42.
También, la presentación de esta solicitud se hace durante lo que se ha catalogado como la peor crisis fronteriza en la historia de Estados Unidos. Además de esta demanda impuesta por la coalición de los más de 20 estados, el gobierno de Texas interpuso su propio recurso, por lo que un juez de esa entidad deberá pronunciarse al respecto.
Bajo el Título 42 se ha permitido la expulsión expedita de casi dos millones de inmigrantes en los años fiscales 2021 y lo que va del 2022.
La Administración Biden tomó la decisión de terminar con el Título 42, bajo la recomendación de Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), igualmente, tras la presión de decenas de organizaciones y varios congresistas demócratas, así como los miembros del Caucus Hispano del Congreso (CHC).
El representante Raúl Ruiz, presidente del CHC, dijo que:
“El Caucus Hispano del Congreso dejó muy claro que la política del Título 42 es una política de emergencia de salud pública que se instituyó bajo la Administración Trump durante su agenda de odio y miedo contra inmigrantes”, agregó que la situación de la pandemia ha cambiado, debido a que ya hay pruebas contra COVID-19 y vacunas suficientes para evitar contagios.
Decenas de organizaciones civiles habían presionado al presidente demócrata para terminar con dicha política, la cual, impide a inmigrantes solicitar asilo y envía a los inmigrantes a México o a sus países de origen.
Finalmente, mientras se toma una decisión definitiva frente a este tema, se siguen conociendo algunos de los planes de Biden para contrarrestar lo que sería el aumento de migrantes en la frontera si se llegase a dar la terminación del título, entre ellos el procesamiento de entre 6,000 y 18,000 casos de asilo diarios una vez quedara eliminada la política sanitaria.
Se advirtió que se seguiría deportando de manera acelerada bajo el Título 8 de la Ley de Inmigración (INA) a inmigrantes que no califican para asilo, y la ampliación y construcción de nuevos centros de detención para inmigrantes. El gobierno también se preparaba para implementar nuevos programas en la frontera entre ellos darle poderes extraordinarios de discrecionalidad a agentes de asilo del servicio de inmigración y fiscales de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), para acelerar procesos y descongestionar la Corte de Inmigración, que a la fecha tiene más de 1.7 millones de casos acumulados.
Noticia realizada con información de: Univisión y El Diario.
Estados Unidos anunció el programa Unión por Ucrania en el mes de abril, un paso clave para cumplir con el compromiso del presidente Biden de dar la bienvenida a los ucranianos que huyen de la invasión rusa.
El programa proporciona un camino para que los ciudadanos ucranianos desplazados y sus familiares inmediatos que están fuera de Estados Unidos vengan al país y permanezcan por un periodo de permiso de permanencia temporal (“parole”) de dos años. Los ucranianos que participan en Unión por Ucrania deben tener un patrocinador en Estados Unidos que acepte proporcionarles apoyo financiero durante su estadía. También serán elegibles para solicitar la autorización de empleo discrecional ante El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
Algunos requisitos para la elegibilidad de los patrocinadores y beneficiarios del programa son:
Lo primero en el proceso es que el patrocinador quien reside en Estados Unidos presente un Formulario I-134, Declaración Jurada de Patrocinio Económico, a USCIS. El patrocinador será examinado por el gobierno de Estados Unidos para garantizar que pueda apoyar financieramente a la persona que espera patrocinar.
Entre la lista de personas que pueden ser patrocinadores, se encuentran, los
ciudadanos y nacionales estadounidenses, residentes permanentes legales (incluidos los residentes temporales legales, los residentes permanentes condicionales) y no inmigrantes en estado legal, entre otros. Adicionalmente, estas personas tienen que estar dispuestas y capaces de recibir, sustentar y apoyar al beneficiario indicado en el Formulario I-134 por el tiempo de permanencia.
Por otra parte, entre los beneficiarios se incluyen familiares inmediatos, al cónyuge o pareja de hecho de un ciudadano ucraniano; y sus hijos solteros menores de 21 años. Importante: Si un hijo es menor de 18 debe viajar con un padre o tutor legal para poder usar este proceso.
Igualmente, los ucranianos pueden acceder a este beneficio si cumplen con algunas condiciones del proceso, entre las cuales destacan:
-Residían en Ucrania inmediatamente antes de la invasión de Rusia (hasta el 11 de febrero de 2022) y fueron desplazados como resultado de la misma.
-Son ciudadanos ucranianos y poseen un pasaporte ucraniano válido (o es un hijo incluido en un pasaporte de uno de sus padres).
-Tiene un patrocinador que presentó un Formulario I-134 a nombre suyo que USCIS ha investigado y confirmado como adecuado.
-Pasa las verificaciones de seguridad biográficas y biométricas.
Todos estos filtros se dan con la finalidad de constatar que el patrocinador pueda apoyar financieramente a los ucranianos y proteger a esta población contra la explotación y el abuso.
Sin embargo, no todos los ucranianos pueden acceder a este programa, por ejemplo, aquellos ciudadanos ucranianos que ya estaban presentes en Estados Unidos no serán considerados para permiso de permanencia temporal (“parole”) bajo Unión por Ucrania y deberán hacer su proceso por el Estatus de Protección Temporal, también, los menores que viajan sin un padre o tutor legal no son elegibles para el permiso de permanencia temporal.
Posterior a esto, y de tramitar toda la documentación solicitada por USCIS la cual se encuentra en su página web, se revisará la solicitud y evidencia de apoyo, para garantizar que el patrocinador tiene los recursos económicos suficientes para patrocinar al beneficiario ucraniano. Además, se llevarán a cabo verificaciones de antecedentes del patrocinador.
Finalmente, se determinará si el Formulario I-134 es adecuado, y se podría solicitar evidencia adicional para tomar la determinación. La aprobación o desaprobación de la solicitud, como información adicional que se pueda solicitar para el proceso, se hará mediante mensajes vía correo electrónico por parte de USCIS.
Noticia realizada con información de: U.S Citizenship and Immigration Services (USCIS)
Representantes estadounidenses y cubanos se reunieron el jueves en Washington para conversar sobre migración.
Este suceso ha sido considerado como el primer encuentro bilateral de alto nivel desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca y desde que las negociaciones sobre este tema fueron interrumpidas en el año 2018. La delegación estadounidense estuvo encabezada por Emily Mendrala, subsecretaria de Estado adjunta de Washington para Asuntos del Hemisferio Occidental y la de Cuba fue liderada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossio.
Aunque se esperaba que dialogarán diversos temas que tensionan las relaciones entre los países. Las conversaciones se centraron en las formas de abordar la inmigración ilegal, los cambios en las tendencias migratorias, las deportaciones y las funciones de las embajadas, añadió el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
En referencia a esto, según la oficina de Aduanas de Estados Unidos, desde octubre de 2021 hasta marzo de 2022, más de 78.000 cubanos entraron al país por la frontera con México, es decir, el doble de los que abandonaron la isla durante la llamada «crisis de los balseros», en 1994.
Las tensiones entre Washington y La Habana sobre la represión de las protestas ocurridas en julio del 2021 por parte del Gobierno cubano, dejaron como resultado un muerto, decenas de heridos y 1.395 detenidos, las sanciones estadounidenses a la isla y otras problemáticas han dificultado la cooperación entre los países en desafíos como la inmigración. Pese a ello, se ha subrayado la predisposición por parte de las delegaciones de entablar un diálogo directo e integral.
«Discusiones sobre una migración segura, ordenada y legal siguen siendo de primordial interés para Estados Unidos», dijo Price a los periodistas. Igualmente, el deseo de «fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba».
Sin embargo, la delegación cubana, «reiteró su preocupación por las medidas del gobierno estadounidense que estimulan la migración, impiden la migración legal y ordenada, y generan las condiciones socioeconómicas que incitan a la emigración. Recalcó que estas medidas, entre ellas las asociadas al reforzamiento extremo del bloqueo económico, provocan pérdidas de vidas y la comisión de delitos de tráfico ilícito de migrantes, fraude migratorio y trata de personas, situación que afecta a los dos países y la región.», esto según un comunicado difundido por la cancillería.
Insistió asimismo en que Washington tiene «la obligación» de emitir 20.000 visas anuales a cubanos para emigrar a Estados Unidos en virtud de un acuerdo «que se está incumpliendo desde 2017».
A propósito del tema del visado, en marzo se hicieron los primeros anuncios de lo que sería nuevamente la emisión de visas en Cuba, pero, no se concretó fecha fija. Por el contrario, en la reunión del jueves se habló de «los servicios consulares en la embajada de Estados Unidos en La Habana, para incluir la reanudación de los servicios de visas de inmigrantes de forma limitada a partir de mayo y la emisión actual de visas de emergencia para no inmigrantes», detalló el departamento de Estado de Estados Unidos en el comunicado emitido posterior a la reunión.
Como se puede evidenciar, después de la reunión, los dos países emitieron sus respectivos comunicados en los cuales dieron a conocer algunos acuerdos alcanzados y planteamientos. Adicionalmente, en el mismo documento emitido por el departamento de Estados Unidos, se planteó que las conversaciones sobre migración, «brindan la oportunidad de discutir sobre la implementación mutua de los Acuerdos Migratorios (compuestos por una serie de acuerdos bilaterales entre los Estados Unidos y Cuba realizados en 1984, 1994, 1995 y 2017)»
Por su parte, Cuba reiteró que «Estados Unidos debe cesar de obstaculizar y violar los derechos de los cubanos a viajar a terceros países del área» y reclamó «el cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales en su integralidad y no selectivamente».
Finalmente, aunque la reunión es un avance a los casi cuatros años sin diálogos por partes de estos países, también se dió para reprochar los acuerdos que han incumplido, Cuba reprocha a Estados Unidos el no cumplir con sus compromisos en cuanto a los visados y Washington denuncia que La Habana no ha aceptado ninguna deportación de cubanos desde el pasado octubre mediante vuelos comerciales o chárter desde territorio estadounidense. Se espera que las conversaciones ayuden a trabajar conjuntamente y lograr objetivos que beneficien a los migrantes y a los países.
Noticia realizada con información de: El Economista, France 24 y On Cuba news.
Estados Unidos busca lograr con los países de América Latina un acuerdo «firme» sobre migración, de cara a la próxima Cumbre de Las Américas de junio en Los Ángeles, dijo el miércoles el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.
«El trabajo va a seguir en la Cumbre de Las Américas, donde esperamos que los líderes de toda la región establezcan los principios mancomunados para una respuesta conjunta al tema de la migración regional y el desplazamiento», dijo Blinken, antes de abandonar Ciudad de Panamá, en conferencia de prensa. La cumbre fue una convocatoria del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prevista para celebrarse en Los Ángeles del 6 al 10 de junio y girará en torno a la idea de “construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo” para el continente.
La reunión de cancilleres de la región que se celebró en Panamá, tuvo entre sus puntos centrales el tema de “la responsabilidad compartida”, para hacer frente a los miles de inmigrantes que de manera irregular intentan llegar cada año a Estados Unidos.
El número de personas que se desplazan por todo el mundo, va en aumento, algunas de las razones son: conflictos bélicos, crisis económicas, el cambio climático y la pobreza, provocando así crisis humanitarias.
Durante la reunión en Panamá, se hizo un llamado a combatir las causas fundamentales de la migración irregular y apoyar a países como Colombia, México, Panamá y Costa Rica, que están asistiendo a los migrantes.
Estados Unidos y los gobiernos de América Latina buscan también crear rutas legales para los migrantes y ofrecer oportunidades económicas, con la ayuda de organismos internacionales, que generen empleo y disminuya la migración.
Al hablar sobre la estrategia estadounidense, Blinken dijo que parte del plan es ir al origen de las causas de la inmigración irregular: “¿qué es lo que impulsa a personas a tomar la decisión de irse de su hogar, dejar a sus familias, irse de su país, dejar todo lo que conocen para hacer un viaje sumamente peligroso?” Sin embargo, insistió, tal problemática hay que enfrentarla de manera “sostenible”.
Por su parte, la canciller panameña, Erika Mouynes, consideró que el fenómeno migratorio aumentará, impulsado por el efecto del cambio climático y la invasión de Ucrania.
«No podemos flaquear porque la realidad se impone. Las estrategias deben ser permanentes y tenemos que continuar el trabajo que hemos iniciado», dijo.
Con relación a esto, las autoridades estadounidenses detuvieron a más de 221.000 personas en la frontera con México en marzo, la cifra más alta en un solo mes desde febrero del año 2000 que la componen ciudadanos de: Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, quienes huyen de la pobreza extrema, la violencia y los desastres naturales agravados por el cambio climático.
En su intervención, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de EE.UU. dijo que: «Tenemos que pensar de forma regional cómo detener los flujos» y recalcó que EE.UU cuenta con varios programas para los inmigrantes que llegan de manera legal. “Quienes no reúnan los requisitos seguirán siendo repatriados”, declaró. Mayorkas se refirió a la estrategia estadounidense como un plan de varios componentes, creando “rutas ordenadas y seguras para que la gente no tenga que arriesgar sus vidas”.
Pese a que el tema que dominó el encuentro, donde participaron los ministerios de 22 países del continente, fue la búsqueda de mecanismos para reducir la migración irregular, también se abordaron temas como la lucha contra la corrupción y el estado de derecho en la región.
Noticia realizada con información de France 24 y Voz de América.
Durante las ultimas semanas Estados Unidos ha trasladado de manera silenciosa migrantes venezolanos a Colombia.
Según dos funcionarios de la seguridad nacional el gobierno del presidente Joe Biden ha expulsado venezolanos de los EE.UU. que fueron detenidos en la frontera con México y los está enviando a Colombia, esto como parte de una estrategia del gobierno de tratar de frenar el flujo de migrantes.
Cabe resaltar que los vuelos en los que han sido transportados no han sido previamente informados y en el mes de diciembre la oficina de Aduanas de Protección Fronteriza de los Estados Unidos registró más de 13.000 adultos solteros procedentes de venezuela en la frontera sur norteamericana.
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Una demanda ha sido interpuesta en contra del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por los programas de vigilancia que utiliza para supervisar a los inmigrantes. Lo que se exige por medio de esta demanda es que se haga público qué se hace con la información obtenida. Un grupo de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes demandó al gobierno por la falta de transparencia del Programa Alternativo de Detención (ATD) de inmigrantes que son liberados bajo el pago de una fianza, con grilletes en espera de sus audiencias o se les otorga un teléfono móvil desde donde deben reportarse periódicamente, y, a través del cual reciben indicaciones respecto a qué hacer durante sus procesos migratorios. Se plantea que por este medio, son permanentemente vigilados por el GPS de los dispositivos móviles. Los demandantes alegan que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, una dependencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no publica datos acerca de la información que recopila de inmigrantes bajo el ATD y tampoco existe supervisión sobre la agencia por el manejo de la información recopilada. El Programa de Alternativa de Detención consiste en un conjunto de leyes, reglamentos, políticas o prácticas formales o informales que permiten al gobierno liberar a personas -o no detenerlas- por motivos relacionados con su situación migratoria en Estados Unidos. La demanda fue presentada por las siguientes organizaciones pro migrantes: Mijente Support Committee, el Just Futures Law y Community Justice Exchange. Ellos demandan a ICE con el fin de recibir información sobre los datos que la agencia federal recopila de los inmigrantes que fueron previamente procesados y luego fueron colocados en libertad bajo el Programa de Alternativa de Detención. Recurrieron a este recurso porque, en septiembre del año pasado el grupo presentó una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) con una serie de preguntas relacionadas con el programa ATD y al día de hoy, no han obtenido respuesta a su solicitud. Por tal razón, presentaron la demanda para transparentar la información del ATD en manos del gobierno federal. El objetivo principal de la demanda, es dar respuesta sobre qué hace, qué información tiene, cómo ICE guarda y emplea toda la información recopilada. ICE dice que en el programa ATD, a cargo de la Unidad de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) utiliza tecnología y protocolos de manejo de casos para “monitorear el cumplimiento” de los no ciudadanos (indocumentados) con órdenes finales de remoción o con liberación condicionada mientras sus casos de inmigración están pendientes. Sin embargo, no solo está relacionado con los datos e información, la demanda quiere ir más allá y que se evidencie claramente que está pasando con este proyecto. Algunas de las preocupaciones que expresan los demandantes son:“La falta de transparencia por parte del gobierno en torno al programa “, dijo a Univision Noticias Jacinta Gonzalez, directora principal de campaña de Mijente.En declaraciones al Dauly News, la activista también dijo que “ICE ha hecho crecer agresivamente su programa de encarcelamiento electrónico en los últimos años, en gran parte sin supervisión ni debate público”. De acuerdo con datos de ICE, la inscripción en el programa ATD ha aumentado con los años. En enero se tenía una cifra de más de 182.600 personas en el programa, 60.000 más que durante los seis meses anteriores. En febrero, ICE dijo que preparaba un plan piloto para extender el ATD con el objetivo de favorecer a extranjeros que buscan asilo, un beneficio legal disponible, y que no representan un riesgo para la seguridad pública o nacional. El plan de crecimiento del ATD asomó poco después de conocerse, en enero, un récord de casos acumulados en la Corte de Inmigración (EOIR), con 1.6 millones, de acuerdo con un reporte del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse en Nueva York. En la actualidad la cifra de acumulados supera los 1.7 millones. El objetivo del programa ha dicho el gobierno, es reducir la cantidad de extranjeros en centros de detención tanto de La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) como del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), y de paso cumplir con una de las promesas de campaña del presidente de poner fin al lucro con los inmigrantes en centros de detención manejados por empresas privadas. No obstante, el fin del lucro mencionado por el gobierno está en duda para los demandantes. “Los datos muestran que han incrementado los ATD, ha crecido la cantidad de dinero y el número de personas que ponen en vigilancia”, dice González. A su vez, el programa de vigilancia de ICE está a cargo de BI Inc, una subsidiaria de Geo Group, empresa que maneja la mayoría de los centros de detención de ICE en el país.GEO Group controla a más de 200.000 migrantes mediante tobilleras electrónicas, al menos 26.000 bajo un sistema de reconocimiento de voz y unos 26.000 extranjeros por reconocimiento facial conocido como Smartlink, de acuerdo con datos de la agencia. Los demandantes alegan que no hay datos suficientes para conocer qué hace BI con los datos de los miles de no ciudadanos colocados en el programa y por eso la demanda, para que haya transparencia, porque la gente debe saber qué información tiene en sus manos el gobierno, y qué hace con ella, además, permite que no se lucre y finalmente, asegurarse que la información solo se puede utilizar para los fines que fue recolectada.
Noticia realizada con información de: Univisión Noticias
