La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), pidieron investigar el suceso en el que han muerto decenas de inmigrantes y castigar severamente a los responsables.

En los últimos días, ha sido inevitable dejar de pensar en los peligros que afrontan los inmigrantes en su camino por buscar una vida mejor, debido a, el dramático hallazgo dentro del tráiler de un camión en Texas de 48 personas sin vidas y 16 personas graves incluidos niños, esto ha causado conmoción en el mundo. 

Este caso es hasta el momento, el más mortífero relacionado con el  tráfico de personas en la historia reciente de EE.UU., y afecta también a países como: México, Honduras, Guatemala y El Salvador, ya que varias de las víctimas mortales son de estos países.

Según el Proyecto de Migrantes Desaparecidos de La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), casi 3.000 personas han sido reportadas como desaparecidas o han muerto tratando de cruzar la frontera de México a Estados Unidos desde 2014. Esta última tragedia eleva el número total de muertes en los primeros seis meses del año a 290.

La frontera entre Estados Unidos y México presenta un gran desafío: la región es conocida por su geografía inhóspita, incluyendo regiones desérticas y ríos peligrosos. 

Entre las principales causas de muerte de los inmigrantes en la ruta hacia el país norteamericano, se encuentran el ahogamiento y accidentes. También, están aquellos que tratan de evitar los peligros naturales, escondiéndose en vehículos, enfrentándose a amenazas diferentes, como la que produjo las muertes en San Antonio,Texas.

El hecho de que 67 personas viajaran hacinadas, sin ningún control en el vehículo, sin ventilación, refrigeración ni ventanas, además sin agua y a casi 40 ºC de temperatura, ha originado esta tragedia y es una prueba del desespero de los migrantes.

Los sobrevivientes de esta catástrofe, se están recuperando en el hospital de un golpe de calor y agotamiento. De acuerdo con un informe del diario The Texas Tribune, al menos cinco de los 67 pasajeros traficados eran menores de edad y según los testimonios recogidos por periodistas en el lugar de la tragedia indican que en su mayoría  los pasajeros eran adolescentes.

Finalmente, hasta el momento las autoridades federales de Estados Unidos han capturado a 4 personas las cuales ya están siendo procesadas en los tribunales por la muerte de los migrantes.

Noticia realizada con información de:BBC News, OIM y La opinión. 

¿Quieres migrar o legalizar tu situación en Estados Unidos? Agenda una consulta en el siguiente link https://www.asisvisa.com/consulta-legal 

Según organizaciones internacionales, en la frontera de México los solicitantes de asilo son vulnerables a secuestros, extorsión y asesinato.

La Corte Suprema de Estados Unidos determinó este jueves que el presidente Joe Biden puede poner fin al programa puesto en marcha por su predecesor Donald Trump, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México sus citas en los tribunales estadounidenses.

Trump, lanzó en el 2019 el programa conocido oficialmente como Protocolos de Protección al Migrante (MPP), y comúnmente llamado «Permanecer o Quédate en México», como parte de una ofensiva más amplia contra la inmigración ilegal y los solicitantes de asilo.

La iniciativa obligó a más de 65,000 solicitantes de asilo a volver a cruzar la frontera. Muchos han permanecido en México durante meses o años, a la espera de presentar sus casos en los tribunales estadounidenses cercanos a la frontera.

Biden, ha criticado el MPP como inhumano y suspendió las nuevas inscripciones en el programa en su primer día en el cargo en enero de 2021 como parte de sus esfuerzos para hacer retroceder las políticas de inmigración de su antecesor.

Han sido varios los intentos del gobierno de Biden para poner fin a este programa, pero siempre se habían presentado trabas, las cuales le obligaban a reiniciarlo. 

Desde que se reinició el programa por orden judicial, casi 4,400 migrantes que buscaban asilo en la frontera entre Estados Unidos y México han sido devueltos, según datos del Departamento de Seguridad Nacional hasta mediados de junio.

Entre las nacionalidades inscritas en el programa, están Nicaragua, Cuba, Colombia y Venezuela.

El mencionado programa, se ha visto envuelto en diversas problemáticas de violación de los derechos humanos, asinamiento, entre otras formas de violencia.

En abril, en Nuevo Laredo una ciudad mexicana fronteriza cercana a Texas, tres solicitantes de asilo fueron secuestrados mientras funcionarios locales los trasladaban a un refugio.

Noticia realizada con información de: EFE y Reuters. 

¿Quieres migrar o legalizar tu situación en Estados Unidos? Agenda una consulta en el siguiente link https://www.asisvisa.com/consulta-legal 

La Corte Suprema desestimó la apelación de un grupo de estados liderados por republicanos para intervenir en un caso que desafía la política de inmigración de «carga pública», impuesta en la era Donald Trump y cuya versión el gobierno de Joe Biden dejó de implementar para regresar a la regla de 1999. 

La Corte escuchó en febrero a los abogados de los demandantes y del gobierno presentar sus argumentos y parecía encaminarse a emitir un fallo, pero el miércoles divulgó una opinión sin firma y de apenas una oración diciendo que desestimaba el caso. Ello deja intacto el fallo de una instancia menor a favor del gobierno del presidente Biden, de que los estados no tenían derecho a intervenir.

La decisión representa un golpe para los estados conservadores que le pidieron al alto tribunal intervenir. La opinión estuvo encabezada por el presidente de la Corte, John Roberts y se unieron los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch.

En qué consiste esta controversia, en agosto de 2019, el entonces gobierno de Trump emitió una regulación, a la que se le denominó «carga pública», que hizo más difícil para los inmigrantes que dependían de la asistencia del gobierno en programas como: Medicaid, viviendas subsidiadas y cupones de alimentos, obtener un estatus legal. La regla que se implementó en ese momento aplicaba a las personas que buscaban llegar o permanecer en Estados Unidos. Específicamente, a quienes estaban en proceso de obtener un estatus permanente legal, también conocido como tarjeta de residencia o ‘green card’.

En esta disputa se escucharon a las diferentes voces, una de ellas la del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien manifestó que: «La regla de carga pública de 2019 no es coherente con los valores de nuestra nación», y añadió que «Bajo esta regla propuesta, volveremos a la comprensión histórica del término ‘carga pública’. Y los individuos no serán penalizados por elegir acceder a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellos».

Grupos que defienden a los migrantes, dicen que el mayor impacto de la norma fue asustar a los inmigrantes, llevándolos a rechazar o no solicitar las prestaciones públicas ante el temor de que éstas les obstaculicen sus procesos para obtener la residencia permanente.

Finalmente, a principios de mes el servicio de inmigración estadounidense anunció la actualización de su página digital relacionada con información sobre carga pública, “La actualización puede ayudar con información adicional para reducir la confusión y el miedo que podrían impedir que los inmigrantes y sus familias, incluidos ciudadanos estadounidenses y sus hijos, tengan acceso a servicios importantes del gobierno que se encuentran disponibles”, dijo la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

La regla de carga pública  de 1999 establece una pautas para determinar una causal de inadmisibilidad clave que resuelve si un extranjero puede o no recibir beneficios, entre ellos la residencia legal permanente. 

Noticia realizada con información de: Univisión y CNN.

Hoy se cumplen 10 años desde que se puso en marcha la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).Cientos de miles de soñadores se beneficiaron, pero su situación migratoria sigue lejos de estar resuelta. 

Fue el 15 de junio del año  2012, cuando el presidente Barack Obama anunció DACA, un programa temporal para quienes llegaron antes del 2007, que ha protegido a los jóvenes indocumentados de la deportación y les ha dado un permiso de trabajo temporal, licencias de conducir y un número de seguridad social, el cual se tiene que renovar cada dos años. Desde entonces, han sido protegidos alrededor de 700,000 jóvenes.

Sin embargo, en septiembre de 2017, el presidente Donald Trump dejó de aceptar nuevas solicitudes para DACA, y su destino se ha estado decidiendo en los tribunales y durante la primera semana de julio, se espera que el Quinto Circuito del Tribunal de Apelaciones vea el caso que ha estado en inacción.

El programa, si bien les ha brindado cierta tranquilidad a los beneficiarios está no ha sido completa, ya que muchos aseguran que también los ha mantenido en el limbo de no saber qué pasará más adelante, algunos garantizan que les ha quitado oportunidades de estudios, de trabajo, entre otros. Ahora, sus anhelos se centran en el Congreso y el presidente Biden para que cumplan su promesa de darles un camino a la ciudadanía.

En el 2021 el congreso sancionó el “Dream and Promise Act” como se le conoce en inglés al proyecto de ley que formalizaría el programa de DACA a nivel federal, y crearía una camino a la ciudadanía para miles de soñadores. Pero la medida nunca llegó a votación al senado.

Finalmente, algunos reprochan que se les ha usado políticamente y manifiestan que no les han dado una solución permanente. Los jóvenes pertenecientes a este programa que llegaron al país siendo niños, hoy muchos de ellos son profesionales que aportan a la economía y al crecimiento del país, por tanto claman por una ciudadanía, que se les de una legalización en el país,  es lo justo y ya ha pasado suficiente tiempo de estar en una constante zozobra. 

Noticia realizada con información de: Univisión, Telemundo

El presidente Joe Biden dio a conocer la Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección, en la que participan 20 países del continente americano. 

El mandatario dijo que con este acuerdo, al cual calificó como un compromiso histórico, las naciones participantes piensan transformar el enfoque sobre migración bajo tres pilares: ofrecer oportunidades, ampliar el número de asilados y el reforzamiento de las fronteras. 

En la declaratoria,se puede leer lo siguiente:“Estamos comprometidos a proteger la seguridad y dignidad de todas las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas, independientemente de su estatus migratorio, respetando sus derechos humanos y libertades fundamentales”, también, “Tenemos la intención de cooperar estrechamente para facilitar una migración segura, ordenada, humana y regular”.

Aunque la búsqueda es la aplicación de una política más humanitaria en la región sobre asuntos migratorios, el acuerdo deja clara la necesidad de un mayor control de todas las fronteras, lo que supondrá más deportaciones, así como la implementación de un operativo especial contra traficantes de personas o “coyotes”.

Igualmente, manifiesta que las deportaciones desde cualquiera de los países firmantes será un elemento esencial en el plan, aunque se comprometen a hacer “retornos seguros y dignos”.

Los países firmantes son: Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Perú y por supuesto el anfitrión Estados Unidos.  

Biden, destacó la importancia de tratar el problema desde la raíz: “Asumimos la necesidad de promover las condiciones políticas, económicas, de seguridad, sociales y ambientales para que las personas tengan una vida pacífica, productiva y digna en sus países de origen”, se acotó “La migración debe ser una elección voluntaria e informada y no una necesidad”.

Por otra parte, la declaratoria consiste en lo siguiente: 

Ayuda en las diferentes etapas (destino, origen, tránsito y retorno):

Tanto los países de origen, como los países que albergan un gran número de migrantes y refugiados, pueden necesitar financiamiento en diversos ámbitos: protección, salud pública, seguridad, educación, empleo, etc. Por tal razón, se promoverán más inversiones.

Protección migratoria: 

Se reconoce la necesidad que tienen algunas personas de migrar de su lugar de origen, debido a circunstancias especiales de peligro y se comprometen a crear procesos de protección más fáciles y expeditos con posibilidades de trabajar.

Protección de fronteras: 

“Tenemos la intención de ampliar los esfuerzos de colaboración para salvar vidas, abordar la violencia y la discriminación, contrarrestar la xenofobia y combatir el tráfico de migrantes y la trata de personas”, se expone “Esto incluye una mayor colaboración para enjuiciar a las organizaciones criminales de tráfico de migrantes y trata de personas, así como a sus facilitadores y redes de lavado de dinero”

Algunas fuentes indicaron que el proyecto está inspirado en gran medida por el modelo que siguen países como Ecuador y Colombia, pese a que estos ejemplos han sido resaltados durante el encuentro, estos mecanismos no serían replicados de la misma forma, enfatizó José Samaniego, director regional para las Américas de la Agencia de Refugiados de la ONU (ACNUR).

Finalmente, esta declaración ha sido motivo de alegría en múltiples sectores, entidades, etc, entre ellas la ACNUR, quienes expresaron su satisfacción  y completo apoyo a tan importante declaración, para seguir trabajando con los estados, las organizaciones internacionales y la sociedad civil para fortalecer el acceso al asilo, la protección y las soluciones para las personas que lo necesiten. 

Información tomada de: CNN, RTVE, El Diario, France 24 y ACNUR.