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El futuro incierto del Título 42 en Estados Unidos

Un juez federal de Louisiana bloqueó temporalmente la decisión del gobierno de Joe Biden de poner fin al Título 42, una política de salud pública que restringe el acceso de inmigrantes debido a la pandemia de coronavirus.

La medida estaba prevista para finalizar el próximo 23 de mayo, pero con el bloqueo emitido por la Corte de Distrito Este de Louisiana, División de Lafayette, seguirá vigente, razón por la cual los migrantes que llegan a la frontera sur seguirán siendo devueltos.

La información fue dada a conocer por el juez Robert Summerhays de la siguiente manera: «La Corte discutió la Solicitud de Orden de Restricción Temporal [ECF No. 24] presentada por el demandante (la Oficina del Procurador General de Arizona). Por las razones expuestas en el expediente, el Tribunal anunció su intención de otorgar la solicitud. Las partes consultarán sobre los términos específicos que se incluirán en la Orden de Restricción Temporal e intentar llegar a un acuerdo», es una parte del escrito de 25 páginas.

La respuesta ha sido celebrada y aplaudida por los diferentes estados demandantes y opositores a las políticas que desea implementar Joe Biden. El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, aplaudió al tribunal por otorgar una Orden de Restricción Temporal (TRO, por sus siglas en inglés) contra la administración de Biden para mantener el Título 42 en vigor, a pesar de que ya ha intentado revertirlo antes de la fecha límite del 23 de mayo.

El anuncio también fue celebrado por el procurador general de Missouri, Eric Schmitt, quien afirmó que «Esta es una gran victoria para la seguridad fronteriza, pero la lucha continúa», publicó en sus redes sociales.

La demanda estuvo encabezada por Arizona y respaldada por los estados de Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Kansas, Kentucky, Louisiana, Missouri, Montana, Mississippi, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, West Virginia y Wyoming, los cuales le habían pedido a la corte que le impidiera al gobierno poner fin al Título 42. 

También, la presentación de esta solicitud se hace durante lo que se ha catalogado como la peor crisis fronteriza en la historia de Estados Unidos. Además de esta demanda impuesta por la coalición de los más de 20 estados, el gobierno de Texas interpuso su propio recurso, por lo que un juez de esa entidad deberá pronunciarse al respecto.

Bajo el Título 42 se ha permitido la expulsión expedita de casi dos millones de inmigrantes en los años fiscales 2021 y lo que va del 2022.

La Administración Biden tomó la decisión de terminar con el Título 42, bajo la recomendación de Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), igualmente, tras la presión de decenas de organizaciones y varios congresistas demócratas, así como los miembros del Caucus Hispano del Congreso (CHC). 

El representante Raúl Ruiz, presidente del CHC, dijo que:

“El Caucus Hispano del Congreso dejó muy claro que la política del Título 42 es una política de emergencia de salud pública que se instituyó bajo la Administración Trump durante su agenda de odio y miedo contra inmigrantes”, agregó que la situación de la pandemia ha cambiado, debido a que ya hay pruebas contra COVID-19 y vacunas suficientes para evitar contagios.

Decenas de organizaciones civiles habían presionado al presidente demócrata para terminar con dicha política, la cual, impide a inmigrantes solicitar asilo y envía a los inmigrantes a México o a sus países de origen.

Finalmente, mientras se toma una decisión definitiva frente a este tema, se siguen conociendo algunos de los planes de Biden para contrarrestar lo que sería el aumento de migrantes en la frontera si se llegase a dar la terminación del título,  entre ellos el procesamiento de entre 6,000 y 18,000 casos de asilo diarios una vez quedara eliminada la política sanitaria.

Se advirtió que se  seguiría deportando de manera acelerada bajo el Título 8 de la Ley de Inmigración (INA) a inmigrantes que no califican para asilo, y la ampliación y construcción de nuevos centros de detención para inmigrantes. El gobierno también se preparaba para implementar nuevos programas en la frontera entre ellos darle poderes extraordinarios de discrecionalidad a agentes de asilo del servicio de inmigración y fiscales de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), para acelerar procesos y descongestionar la Corte de Inmigración, que a la fecha tiene más de 1.7 millones de casos acumulados.

Noticia realizada con información de: Univisión y El Diario. 

Unión por Ucrania: el salvavidas americano para los refugiados ucranianos

Estados Unidos anunció el programa Unión por Ucrania en el mes de abril, un paso clave para cumplir con el compromiso del presidente Biden de dar la bienvenida a los ucranianos que huyen de la invasión rusa. 

El programa proporciona un camino para que los ciudadanos ucranianos desplazados y sus familiares inmediatos que están fuera de Estados Unidos vengan al país y permanezcan por un periodo de permiso de permanencia temporal (“parole”) de dos años. Los ucranianos que participan en Unión por Ucrania deben tener un patrocinador en Estados Unidos que acepte proporcionarles apoyo financiero durante su estadía. También serán elegibles para solicitar la autorización de empleo discrecional ante El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

Algunos requisitos para la elegibilidad de los patrocinadores y beneficiarios del programa son:

Lo primero en el  proceso es que el patrocinador quien reside en Estados Unidos presente un Formulario I-134, Declaración Jurada de Patrocinio Económico, a USCIS. El patrocinador será examinado por el gobierno de Estados Unidos para garantizar que pueda apoyar financieramente a la persona que espera patrocinar.

Entre la lista de personas que pueden ser patrocinadores, se encuentran, los 

ciudadanos y nacionales estadounidenses, residentes permanentes legales (incluidos los residentes temporales legales, los residentes permanentes condicionales) y no inmigrantes en estado legal, entre otros. Adicionalmente, estas personas tienen que estar dispuestas y capaces de recibir, sustentar y apoyar al beneficiario indicado en el Formulario I-134 por el tiempo de permanencia. 

Por otra parte, entre los beneficiarios se incluyen familiares inmediatos, al cónyuge o pareja de hecho de un ciudadano ucraniano; y sus hijos solteros menores de 21 años. Importante: Si un hijo es menor de 18 debe viajar con un padre o tutor legal para poder usar este proceso.

Igualmente, los ucranianos pueden acceder a este beneficio si cumplen con algunas condiciones del proceso, entre las cuales destacan: 

-Residían en Ucrania inmediatamente antes de la invasión de Rusia (hasta el 11 de febrero de 2022) y fueron desplazados como resultado de la misma.

-Son ciudadanos ucranianos y poseen un pasaporte ucraniano válido (o es un hijo incluido en un pasaporte de uno de sus padres).

-Tiene un patrocinador que presentó un Formulario I-134 a nombre suyo que USCIS ha investigado y confirmado como adecuado.

-Pasa las verificaciones de seguridad biográficas y biométricas. 

Todos estos filtros se dan con la finalidad de constatar que el patrocinador pueda apoyar financieramente a los ucranianos y proteger a esta población contra la explotación y el abuso.

Sin embargo, no todos los ucranianos pueden acceder a este programa, por ejemplo, aquellos ciudadanos ucranianos que ya estaban presentes en Estados Unidos no serán considerados para permiso de permanencia temporal (“parole”) bajo Unión por Ucrania y deberán hacer su proceso por el Estatus de Protección Temporal, también, los menores que viajan sin un padre o tutor legal no son elegibles para el permiso de permanencia temporal. 

Posterior a esto, y de tramitar toda la documentación solicitada por USCIS la cual se encuentra en su página web, se revisará la solicitud y evidencia de apoyo, para garantizar que el patrocinador tiene los recursos económicos suficientes para patrocinar al beneficiario ucraniano. Además, se llevarán a cabo verificaciones de antecedentes del patrocinador. 

Finalmente, se determinará si el Formulario I-134 es adecuado, y se podría solicitar evidencia adicional para tomar la determinación. La aprobación o desaprobación de la solicitud, como información adicional que se pueda solicitar para el proceso, se hará mediante mensajes vía correo electrónico por parte de USCIS.

Noticia realizada con información de: U.S Citizenship and Immigration Services (USCIS)

Cuba y Estados Unidos establecen diálogos entorno a la migración

Representantes estadounidenses y cubanos se reunieron el jueves en Washington para conversar sobre migración.

Este suceso ha sido considerado como el primer encuentro bilateral de alto nivel desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca y desde que las negociaciones sobre este tema fueron interrumpidas en el año 2018. La delegación estadounidense estuvo encabezada por Emily Mendrala, subsecretaria de Estado adjunta de Washington para Asuntos del Hemisferio Occidental y la de Cuba fue liderada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossio. 

Aunque se esperaba que dialogarán diversos temas que tensionan las relaciones entre los países. Las conversaciones se centraron en las formas de abordar la inmigración ilegal, los cambios en las tendencias migratorias, las deportaciones y las funciones de las embajadas, añadió el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

En referencia a esto, según la oficina de Aduanas de Estados Unidos, desde octubre de 2021 hasta marzo de 2022, más de 78.000 cubanos entraron al país por la frontera con México, es decir, el doble de los que abandonaron la isla durante la llamada «crisis de los balseros», en 1994.

Las tensiones entre Washington y La Habana sobre la represión de las protestas ocurridas en julio del 2021 por parte del Gobierno cubano, dejaron como resultado un muerto, decenas de heridos y 1.395 detenidos, las sanciones estadounidenses a la isla y otras problemáticas han dificultado la cooperación entre los países en desafíos como la inmigración. Pese a ello, se ha subrayado la predisposición por parte de las delegaciones de entablar un diálogo directo e integral. 

«Discusiones sobre una migración segura, ordenada y legal siguen siendo de primordial interés para Estados Unidos», dijo Price a los periodistas. Igualmente, el deseo de «fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba».

Sin embargo, la delegación cubana, «reiteró su preocupación por las medidas del gobierno estadounidense que estimulan la migración, impiden la migración legal y ordenada, y generan las condiciones socioeconómicas que incitan a la emigración. Recalcó que estas medidas, entre ellas las asociadas al reforzamiento extremo del bloqueo económico, provocan pérdidas de vidas y la comisión de delitos de tráfico ilícito de migrantes, fraude migratorio y trata de personas, situación que afecta a los dos países y la región.», esto según un comunicado difundido por la cancillería.

Insistió asimismo en que Washington tiene «la obligación» de emitir 20.000 visas anuales a cubanos para emigrar a Estados Unidos en virtud de un acuerdo «que se está incumpliendo desde 2017».

A propósito del tema del visado, en marzo se hicieron los primeros anuncios de lo que sería nuevamente la emisión de visas en Cuba, pero, no se concretó fecha fija. Por el contrario, en la reunión del jueves se habló de «los servicios consulares en la embajada de Estados Unidos en La Habana, para incluir la reanudación de los servicios de visas de inmigrantes de forma limitada a partir de mayo y la emisión actual de visas de emergencia para no inmigrantes», detalló el departamento de Estado de Estados Unidos en el comunicado emitido posterior a la reunión.

Como se puede evidenciar, después de la reunión, los dos países emitieron sus respectivos comunicados en los cuales dieron a conocer algunos acuerdos alcanzados y planteamientos. Adicionalmente, en el mismo documento emitido por el departamento de Estados Unidos, se planteó que las conversaciones sobre migración, «brindan la oportunidad de discutir sobre la implementación mutua de los Acuerdos Migratorios (compuestos por una serie de acuerdos bilaterales entre los Estados Unidos y Cuba realizados en 1984, 1994, 1995 y 2017)» 

Por su parte, Cuba reiteró que «Estados Unidos debe cesar de obstaculizar y violar los derechos de los cubanos a viajar a terceros países del área» y reclamó «el cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales en su integralidad y no selectivamente».

Finalmente, aunque la reunión es un avance a los casi cuatros años sin diálogos por partes de estos países, también se dió para reprochar los acuerdos que han incumplido, Cuba reprocha a Estados Unidos el no cumplir con sus compromisos en cuanto a los visados y Washington denuncia que La Habana no ha aceptado ninguna deportación de cubanos desde el pasado octubre mediante vuelos comerciales o chárter desde territorio estadounidense. Se espera que las conversaciones ayuden a trabajar conjuntamente y lograr objetivos que beneficien a los migrantes y a los países. 

Noticia realizada con información de: El Economista, France 24 y On Cuba news.

Estados Unidos busca un acuerdo estable en temas migratorios con América Latina

Estados Unidos busca lograr con los países de América Latina un acuerdo «firme» sobre migración, de cara a la próxima Cumbre de Las Américas de junio en Los Ángeles, dijo el miércoles el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

«El trabajo va a seguir en la Cumbre de Las Américas, donde esperamos que los líderes de toda la región establezcan los principios mancomunados para una respuesta conjunta al tema de la migración regional y el desplazamiento», dijo Blinken, antes de abandonar Ciudad de Panamá, en conferencia de prensa. La cumbre fue una convocatoria del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prevista para celebrarse en Los Ángeles del 6 al 10 de junio y girará en torno a la idea de “construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo” para el continente. 

La reunión de cancilleres de la región que se celebró en Panamá, tuvo entre sus puntos centrales el tema de “la responsabilidad compartida”, para hacer frente a los miles de inmigrantes que de manera irregular intentan llegar cada año a Estados Unidos.

El número de personas que se desplazan por todo el mundo, va en aumento, algunas de las razones son: conflictos bélicos, crisis económicas, el cambio climático y la pobreza, provocando así crisis humanitarias.

Durante la reunión en Panamá, se hizo un llamado a combatir las causas fundamentales de la migración irregular y apoyar a países como Colombia, México, Panamá y Costa Rica, que están asistiendo a los migrantes.

Estados Unidos y los gobiernos de América Latina buscan también crear rutas legales para los migrantes y ofrecer oportunidades económicas, con la ayuda de organismos internacionales, que generen empleo y disminuya la migración.

Al hablar sobre la estrategia estadounidense, Blinken dijo que parte del plan es ir al origen de las causas de la inmigración irregular: “¿qué es lo que impulsa a personas a tomar la decisión de irse de su hogar, dejar a sus familias, irse de su país, dejar todo lo que conocen para hacer un viaje sumamente peligroso?” Sin embargo, insistió, tal problemática hay que enfrentarla de manera “sostenible”.

Por su parte, la canciller panameña, Erika Mouynes, consideró que el fenómeno migratorio aumentará, impulsado por el efecto del cambio climático y la invasión de Ucrania.

«No podemos flaquear porque la realidad se impone. Las estrategias deben ser permanentes y tenemos que continuar el trabajo que hemos iniciado», dijo.

Con relación a esto, las autoridades estadounidenses detuvieron a más de 221.000 personas en la frontera con México en marzo, la cifra más alta en un solo mes desde febrero del año 2000 que la componen ciudadanos de: Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, quienes huyen de la pobreza extrema, la violencia y los desastres naturales agravados por el cambio climático.

En su intervención, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de EE.UU. dijo que: «Tenemos que pensar de forma regional cómo detener los flujos» y recalcó que EE.UU cuenta con varios programas para los inmigrantes que llegan de manera legal. “Quienes no reúnan los requisitos seguirán siendo repatriados”, declaró. Mayorkas se refirió a la estrategia estadounidense como un plan de varios componentes, creando “rutas ordenadas y seguras para que la gente no tenga que arriesgar sus vidas”. 

Pese a que el tema que dominó el encuentro, donde participaron los ministerios de 22 países del continente, fue la búsqueda de mecanismos para reducir la migración irregular, también se abordaron temas como la lucha contra la corrupción y el estado de derecho en la región.

Noticia realizada con información de France 24 y Voz de América. 

Traslado silencioso de migrantes venezolanos en Estados Unidos

Durante las ultimas semanas Estados Unidos ha trasladado de manera silenciosa migrantes venezolanos a Colombia.

Según dos funcionarios de la seguridad nacional el gobierno del presidente Joe Biden ha expulsado venezolanos de los EE.UU. que fueron detenidos en la frontera con México y los está enviando a Colombia, esto como parte de una estrategia del gobierno de tratar de frenar el flujo de migrantes.

Cabe resaltar que los vuelos en los que han sido transportados no han sido previamente informados y en el mes de diciembre la oficina de Aduanas de Protección Fronteriza de los Estados Unidos registró más de 13.000 adultos solteros procedentes de venezuela en la frontera sur norteamericana.

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Demandan al ICE por su programa de vigilancia electrónico

Una demanda ha sido interpuesta en contra del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por los programas de vigilancia que utiliza para supervisar a los inmigrantes. Lo que se exige por medio de esta demanda es que se haga público qué se hace con la información obtenida. 
Un grupo de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes demandó al gobierno por la falta de transparencia del Programa Alternativo de Detención (ATD) de inmigrantes que son liberados bajo el pago de una fianza, con grilletes en espera de sus audiencias o se les otorga un teléfono móvil desde donde deben reportarse periódicamente, y, a través del cual reciben indicaciones respecto a qué hacer durante sus procesos migratorios. Se plantea que por este medio, son permanentemente vigilados por el GPS de los dispositivos móviles.
Los demandantes alegan que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, una dependencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no publica datos acerca de la información que recopila de inmigrantes bajo el ATD y tampoco existe supervisión sobre la agencia por el manejo de la información recopilada.
El Programa de Alternativa de Detención consiste en un conjunto de leyes, reglamentos, políticas o prácticas formales o informales que permiten al gobierno liberar a personas -o no detenerlas- por motivos relacionados con su situación migratoria en Estados Unidos.
La demanda fue presentada por las siguientes organizaciones pro migrantes: Mijente Support Committee, el Just Futures Law y Community Justice Exchange. Ellos demandan a ICE con el fin de recibir información sobre los datos que la agencia federal recopila de los inmigrantes que fueron previamente procesados y luego fueron colocados en libertad bajo el Programa de Alternativa de Detención. 
Recurrieron a este recurso porque, en septiembre del año pasado el grupo presentó una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) con una serie de preguntas relacionadas con el programa ATD y al día de hoy, no han obtenido respuesta a su solicitud. Por tal razón, presentaron la demanda para transparentar la información del ATD en manos del gobierno federal. El objetivo principal de la demanda, es dar respuesta sobre qué hace, qué información tiene, cómo ICE guarda y emplea toda la información recopilada. 
ICE dice que en el programa ATD, a cargo de la Unidad de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) utiliza tecnología y protocolos de manejo de casos para “monitorear el cumplimiento” de los no ciudadanos (indocumentados) con órdenes finales de remoción o con liberación condicionada mientras sus casos de inmigración están pendientes.
Sin embargo, no solo está relacionado con los datos e información, la demanda quiere ir más allá y que se evidencie claramente que está pasando con este proyecto. Algunas de las preocupaciones que expresan los demandantes son:“La falta de transparencia por parte del gobierno en torno al programa “, dijo a Univision Noticias Jacinta Gonzalez, directora principal de campaña de Mijente.En declaraciones al Dauly News, la activista también dijo que “ICE ha hecho crecer agresivamente su programa de encarcelamiento electrónico en los últimos años, en gran parte sin supervisión ni debate público”.
De acuerdo con datos de ICE, la inscripción en el programa ATD ha aumentado con los años. En enero se tenía una cifra de más de 182.600 personas en el programa, 60.000 más que durante los seis meses anteriores.
En febrero, ICE dijo que preparaba un plan piloto para extender el ATD con el objetivo de favorecer a extranjeros que buscan asilo, un beneficio legal disponible, y que no representan un riesgo para la seguridad pública o nacional.
El plan de crecimiento del ATD asomó poco después de conocerse, en enero, un récord de casos acumulados en la Corte de Inmigración (EOIR), con 1.6 millones, de acuerdo con un reporte del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse en Nueva York. En la actualidad la cifra de acumulados supera los 1.7 millones.
El objetivo del programa ha dicho el gobierno, es reducir la cantidad de extranjeros en centros de detención tanto de La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) como del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), y de paso cumplir con una de las promesas de campaña del presidente de poner fin al lucro con los inmigrantes en centros de detención manejados por empresas privadas.
No obstante, el fin del lucro mencionado por el gobierno está en duda para los demandantes. “Los datos muestran que han incrementado los ATD, ha crecido la cantidad de dinero y el número de personas que ponen en vigilancia”, dice González.
A su vez, el programa de vigilancia de ICE está a cargo de BI Inc, una subsidiaria de Geo Group, empresa que maneja la mayoría de los centros de detención de ICE en el país.GEO Group controla a más de 200.000 migrantes mediante tobilleras electrónicas, al menos 26.000 bajo un sistema de reconocimiento de voz y unos 26.000 extranjeros por reconocimiento facial conocido como Smartlink, de acuerdo con datos de la agencia.
Los demandantes alegan que no hay datos suficientes para conocer qué hace BI con los datos de los miles de no ciudadanos colocados en el programa y por eso la demanda, para que haya transparencia, porque la gente debe saber qué información tiene en sus manos el gobierno, y qué hace con ella, además, permite que no se lucre y finalmente, asegurarse que la información solo se puede utilizar para los fines que fue recolectada. 

Noticia realizada con información de: Univisión Noticias 

Estados Unidos registra un récord en el cruce de inmigrantes

Las autoridades fronterizas de Estados Unidos detuvieron a más de 210.000 inmigrantes que intentaban cruzar la frontera con México en marzo, el mayor total mensual en dos décadas y que subraya los desafíos en los próximos meses para el presidente de EE.UU, Joe Biden.
Biden, un demócrata que asumió el cargo en enero de 2021, se comprometió a revertir muchas de las políticas de inmigración de su predecesor republicano, el ex presidente Donald Trump, pero ha luchado tanto operativa como políticamente con el alto número de intentos de cruce.
El total de marzo supone un aumento del 24% con respecto al mismo mes del año anterior, cuando se detuvo a 169.000 migrantes en la frontera. Igualmente, superando los 200.000 migrantes por tercera vez durante su gobierno.  Estos números, podrían ser el preámbulo de lo que se avecina ante la terminación del Título 42 el 23 de mayo, hay que tener presente que la terminación de este Título que permite expulsar masivamente a cientos de inmigrantes para evitar la propagación del Covid-19 se da por la recomendación de funcionarios de salud.
Igualmente, de acuerdo con los datos presentados, el mes pasado se procesó a 221.303 inmigrantes, lo que superó el pico anterior bajo la administración Biden en julio de 2021, cuando los funcionarios estadounidenses registraron 213.593 encuentros con migrantes.
Por otro lado, aunque más de la mitad de los migrantes encontrados en la frontera entre Estados Unidos y México en los últimos meses proceden de los países tradicionales, México, Guatemala, Honduras y El Salvador, cada vez llegan más inmigrantes de lugares apartados como Ucrania y Rusia.Las autoridades estadounidenses se preparan para un máximo de 18.000 encuentros con migrantes al día en las próximas semanas.
Finalmente, los más de 210.000 migrantes detenidos en marzo, cifra hecha pública en una presentación judicial el viernes por la noche, es el total mensual más alto registrado desde febrero de 2000, según las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP, en inglés).
Nota realizada con información de: LaRazon.es y UNIVISIÓN

Llegan a Washington los primeros autobuses con migrantes provenientes de Texas

Un autobús con una decena de indocumentados solicitantes de asilo llegó el miércoles a Washington enviado por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott.

Abbott, anunció la semana pasada que enviaría inmigrantes indocumentados a Washington DC ante la inminente cancelación del Título 42 por parte de la administración del presidente Joe Biden,  este título impedía que la mayoría de los inmigrantes ingresen a Estados Unidos para buscar asilo durante más de dos años, por motivo de la pandemia. El fin oficial de este, está programado para el 23 de mayo. 

Hasta el momento, se tienen registro de dos autobuses provenientes de Texas, el cual transportó a una docena de migrantes originarios de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Colombia, que llegaron nuevamente a Union Station, tal como lo hizo el primer grupo la mañana del miércoles.

Catholic Charities DC (Caridades Católicas) tenía personas en Union Station el miércoles por la mañana cuando los migrantes fueron dejados para proporcionarles asistencia, según Kate Kennedy, jefa de comunicaciones de esa organización. Dicha entidad proporciona toda una serie de servicios como asistencia alimentaria y atención médica, entre otros servicios sociales en el área metropolitana Washington.

Por otro lado, aunque Abbott calificó a estas personas de «migrantes ilegales», la Casa Blanca informó que son personas que están tramitando su solicitud de asilo en Estados Unidos y que, por tanto, son «libres» de moverse por el país.

Es necesario destacar, que una vez un inmigrante es procesado por las autoridades federales y liberado de la custodia, se le permite moverse por todo el país mientras se somete a los procedimientos del tribunal de inmigración. Un juez de inmigración decidirá en última instancia si se les permite permanecer en Estados Unidos o ser deportados.

Información tomada de: EFE,  Univisión y CNN.

Formularios de Renovación de DACA ahora se pueden presentar en línea

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que las personas que anteriormente recibieron DACA ahora pueden presentar en línea el Formulario I-821D, consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.

“La expansión de la presentación en línea es una prioridad para USCIS, ya que hacemos que nuestras operaciones sean más eficientes y efectivas para la agencia y nuestros solicitantes”, dijo la directora de USCIS, Ur M. Jaddou.

En este momento, la opción de presentar en línea solo está disponible para personas a las que se les haya otorgado DACA anteriormente. Dichas personas también deben presentar el Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo, que está disponible en línea, y cargar el Formulario I-765WS, que es evidencia como parte de la presentación de DACA. 

Sin embargo, las personas que solicitan DACA por primera vez no pueden acceder a este  beneficio, ellos deben presentar el Formulario I-821D en formato impreso.

Con la adición del Formulario I-821D, las personas ahora pueden presentar 13 formularios de USCIS en línea, los cuales se pueden encontrar en la página Formularios Disponibles para la Presentación en Línea. 

Cabe resaltar, que para presentar estos formularios en línea, los solicitantes deben primero  crear una cuenta en línea de USCIS, que brinda un método conveniente y seguro para enviar formularios, pagar tarifas y dar seguimiento el estatus de cualquier solicitud de inmigración pendiente con USCIS durante todo el proceso de adjudicación.

La creación de esta cuenta no tiene ningún costo, por el contrario, son mayores los beneficios al brindar la posibilidad de comunicarse con la agencia a través de una bandeja de entrada segura y responder en línea a las solicitudes de evidencia.

De acuerdo con la agencia de inmigración, desde el lanzamiento de la presentación de trámites en línea en 2017, la cantidad total de formularios presentados en línea ha aumentado significativamente. En el año fiscal 2021, se presentaron en línea aproximadamente 1,210,700 peticiones y solicitudes, un aumento del 2.3 % con respecto a las 1,184,000 presentadas en el año fiscal 2020.

Información tomada de: USCIS 

11 personas fueron acusadas ​​de organizar matrimonios falsos en EE.UU

Once personas que residían en California fueron acusadas por su vínculo con la gestión de una «agencia» de fraude matrimonial a gran escala que supuestamente arregló cientos de matrimonios falsos para ajustar estatus migratorios, informó el Departamento de Justicia. 

La acusación reseña que estos individuos operaban una “agencia” que organizó cientos de matrimonios falsos entre “clientes” extranjeros y ciudadanos estadounidenses. Como parte del esquema de operación, se reclutaba a ciudadanos estadounidenses dispuestos a casarse con los clientes de la agencia a cambio de una tarifa inicial y pagos mensuales hasta después del matrimonio, para mantener a los ciudadanos estadounidenses receptivos y cooperativos hasta que el cliente de la agencia tuviera su estatus legal.                

La agencia supuestamente preparó y presentó peticiones, solicitudes y otros documentos falsos para corroborar los matrimonios fraudulentos y asegurar el ajuste de los estatus migratorios de los clientes por una tarifa de entre $20,000 y $30,000 en efectivo.

Uno de los capturados fue,  Marcialito Biol Benítez, alias “Mars” , quien junto a sus cómplices ayudaban a algunos clientes, generalmente aquellos cuyos cónyuges no respondían o no cooperaban, a obtener tarjetas de residencia bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) al afirmar que los clientes indocumentados habían sido abusados ​​​​por presuntos cónyuges estadounidenses. 

“El fraude matrimonial es un delito grave que amenaza la integridad del sistema de inmigración legal de nuestra nación”, dijo la fiscal federal Rachael S. Rollins. “La supuesta explotación de este sistema por parte de estos acusados ​​con fines de lucro es una afrenta a la tradición de nuestra nación de dar la bienvenida a inmigrantes y posibles ciudadanos. Su supuesto comportamiento fraudulento dificulta las cosas para la gran mayoría de los inmigrantes que siguen la ley y respetan nuestro sistema de inmigración. Más allá de eso, al supuestamente presentar solicitudes falsas que alegaban abuso doméstico, estos acusados ​​causaron más daño, esta vez a víctimas reales y sobrevivientes de violencia doméstica”.

Se plantea que, los acusados concertaron matrimonios fraudulentos y presentaron documentos de inmigración falsos para al menos 400 clientes entre octubre de 2016 y marzo de 2022.  El cargo de conspiración para cometer fraude matrimonial contempla una sentencia de hasta cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de $250,000.     

Joseph R. Bonavolonta, agente especial a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), en Boston, dijo: “Creemos que su supuesto esquema violó las leyes de inmigración vigentes que sirven para proteger la seguridad pública y creó una desventaja para aquellos que buscan obtener su ciudadanía legalmente”.

Entre los once acusados, seis eran de nacionalidad filipina, residían en el estado de California y uno era brasileño.

Información tomada de: El tiempo Latino, Departamento de Justicia y Oficina Fiscal de los Estados Unidos.