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Mientras avanza la Cumbre de las Américas, una caravana de migrantes se dirige a Estados Unidos. 

Un grupo de unas 14.113 personas aproximadamente partió el lunes de la ciudad de Tapachula, en el sur de México hacia Estados Unidos, este número es incierto y no verificado por fuentes oficiales. Sin embargo, de acuerdo con El defensor de migrantes y director del Centro de Dignificación Humana (CDH), Luis Rey García Villagrán, “Nosotros tenemos una base de datos con 14.113 inscritos, entre los cuales van más de 3 mil niños, 126 mujeres embarazadas y más de 70 discapacitados adultos.”, se estima que la mayoría de las personas son ciudadanos venezolanos, pero, también hay centroamericanos, cubanos, haitianos y gente que se va sumando mientras avanzan. 

A diferencia de otras caravanas similares que salieron de Tapachula rumbo a la Ciudad de México a presionar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que les otorgue visas humanitarias y permisos de trabajo, esta vez los inmigrantes tienen otro objetivo: llegar hasta la frontera sur de Estados Unidos y pedir asilo.

Son personas que están huyendo de su país de origen a causa de diversos factores, entre ellos violencia, pobreza, cambio climático, corrupción de gobiernos, narcotráfico y crimen organizado.

La caravana tiene como objetivo llegar a Estados Unidos, aunque en México la dependencia, que opera bajo el mando de la secretaría de Gobernación, pidió a los inmigrantes inscribirse y solicitar el estatus de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la respuesta de la mayoría de los migrantes fue no, ya que sienten que el sistema implementado por este país no funciona, no obstante, hay migrantes que están realizando el trámite sin tener algo claro aún.

“Es un tapón, un nudo humano. La COMAR demora meses en otorgar una cita y luego el Instituto Nacional de Migración demora otros meses en otorgar documentos. En todo ese tiempo de espera los inmigrantes se quedan, muchas veces tirados en las calles y en las ciudades más pobres de México”, agregó García Villagrán.

Un tiempo de espera, en el cual el trabajo es limitado o escaso, pero los gastos por comida, vivienda, entre otros no se detienen. Las caravanas de migrantes salían de Tapachula con regularidad durante el año pasado, aunque la de esta semana parece ser una de las más grandes. Esta ciudad, ubicada al otro lado de la frontera con Guatemala, es una estación de paso popular para los migrantes que viajan desde Centroamérica.

Por otra parte, los activistas que acompañan al grupo destacaron que uno de los objetivos es llamar la atención de los líderes de América sobre las necesidades de quienes huyen de sus países. Finalmente, la caravana avanza sin importar la adversidad del terreno, las incesantes lluvias o el calor que dificulta el progreso. 

Noticia realizada con información de: Univisión y CNN.

Aumento de las deportaciones «vía exprés» de miles de colombianos que están llegando a la frontera sur de Estados Unidos.

De acuerdo con Tom Cartwright, de Testigos en la Frontera, entre marzo y mayo EE.UU. ha enviado 48 vuelos, los cuales se estima darían un total de unas 5.000 personas a las que no se les permitió quedarse en el país en esos tres meses. Para darle contexto a esa cifra, antes de marzo de este año, el número promedio de vuelo mensuales era de uno al mes.

La «expulsión exprés» de colombianos se disparó a partir de ese mes luego de que en Washington se llegará a un acuerdo con el gobierno nacional para que aceptara el retorno de estas personas sin que antes fueran sometidas al proceso regular de procesamiento y deportación que existe en el país norteamericano.

En lo que va corrido del año, la cifra de colombianos intentado ingresar ilegalmente ha aumentado en comparación con el año anterior, a lo largo de todo el 2021 fueron arrestados en la frontera unos 10.000 colombianos.Sin embargo, solo en marzo del presente año las detenciones llegaron a casi 16.000 y en lo que va corrido de este año fiscal, las cifras alcanzan más de 55.000 personas.

Estados Unidos, está usando el polémico Título 42 para hacer posible las expulsiones con ciudadanos de muchas nacionalidades y realizan ese tipo de vuelos a varios países del mundo, entre ellos Brasil, Ecuador y Haití. Sin embargo, la situación es totalmente diferente para sus vecinos cercanos, debido a que  «En el caso de la frontera terrestre, simplemente llevan a la persona arrestada a la línea fronteriza y la dejan allí, sin importar si están presentes o no autoridades mexicanas», afirma Adam Isacson, experto en seguridad de La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, (WOLA).

Joe Biden ha intentado levantar el polémico Título 42, pero un juez de Luisiana bloqueó su decisión mientras tanto el caso sigue en las cortes.

El proceso de expulsión exprés se da cuando la persona es detenida por La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos​  (CBP) ,y enfrenta dos posibles caminos que son definidos por el oficial que produce el arresto.

El primero es el de la expulsión exprés a través del Título 42. El segundo es el procesamiento por el Título 8. El Título 8 es el mecanismo que se usa en condiciones normales para procesar a los detenidos y que suele incluir salvaguardas y garantías que no contempla el Título 42. Según algunos expertos, el funcionario fronterizo elige el Título dependiendo cómo se originó el encuentro, si la persona estaba entrando ilegal  y es capturada, por lo general, es candidato inmediato para el Título 42. Igualmente, influyen los documentos que porte el migrante, si es un núcleo familiar o una adulto viajando en solitario.

Finalmente, la expulsión a través del Título 42 no acarrea consecuencia jurídica en EE.UU. porque son expulsiones y no deportaciones. Por el contrario, el Título 8 en el caso de las persona que se les niega la entrada, bien sea por el mecanismo de deportación sumaria o porque su solicitud de asilo fue negada por un juez migratorio, esta persona no puede intentar ingresar al país por un período de 5 años.

Noticia realizada con información de: El Tiempo

Denominada como la Cumbre de los Pueblos, tendrá como objetivo visibilizar las temáticas que no se incluyeron en la Cumbre de las Américas.  

El anuncio fue hecho en la sede de Los Angeles Trade Tech College, en el centro de la ciudad californiana, es allí donde se realizará el encuentro del 8 al 10 de junio, y a pocas cuadras del Centro de Convenciones de Los Ángeles, que reunirá a los mandatarios de la Novena Cumbre de las Américas. 

Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), dijo a la prensa que la Cumbre de los Pueblos abordará «todos aquellos temas importantes que la cumbre presidencial dejó por fuera», como los derechos de los inmigrantes, de las mujeres y de los trabajadores.

«No se va a hablar oficialmente de inmigración en la Cumbre de las Américas, y eso es un gran error. Por eso, nosotros estamos haciendo esta Cumbre porque queremos asegurar que las voces de los inmigrantes sean escuchadas», indicó Salas.

La Cumbre de las Américas se trata de un encuentro que realizan de manera periódica los líderes políticos de los países de Norteamérica, Suramérica, Centroamérica y el Caribe con el objetivo de debatir y definir acciones frente a problemas y desafíos compartidos por la región y avanzar en la integración.

El Departamento de Estados de EE.UU., señala que la cumbre y sus foros se basarán en un respeto común por la democracia, las libertades fundamentales, la dignidad del trabajo y la libre empresa. Igualmente, explica que cada encuentro «se centra en un área crítica de cooperación de interés para todos los países de las Américas».

Este año el lema es “Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo” y de acuerdo con la administración del presidente Joe Biden los foros para esta novena edición, fomentarán “un mayor diálogo entre los jefes de Gobierno, los pueblos y empresas de las Américas para abordar los retos y oportunidades hemisféricos, como la inclusión social, la recuperación económica, el cambio climático, la democracia y la transformación digital.»

Por otro lado, otros de los asuntos que pretende abordar  la cumbre alterna son las preocupaciones por las reglas de inmigración, entre ellas el polémico Título 42, el cual permite expulsar de inmediato a inmigrantes por razones sanitarias, y la necesidad de aprobar una reforma migratoria en Estados Unidos, entre otras preocupaciones.

El martes una funcionaria de alto rango del Gobierno Biden explicó en una llamada con periodistas que están trabajando en una declaración respaldada por los asistentes a la cumbre en la que compartirán su visión sobre cómo hacer frente «juntos al reto migratorio», sin embargo, hasta el momento no se ha conocido mayor información sobre este tema. 

Noticia realizada con información de: EFE Y CNN 

El Gobierno de Estados Unidos informó el martes que sigue aceptando solicitudes de visas de trabajadores no inmigrantes (H-2B), adicionales a las 11.500 que asignó a ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Haití, sin importar que pueden ser trabajadores que retornan. 

La visa H-2B es una visa temporal que le permite permanecer en los Estados Unidos por un máximo de un año. Está diseñada específicamente para trabajadores extranjeros temporales en el país y no está diseñada para necesidades de empleo a largo plazo.

Bajo la regla final temporal de la cantidad máxima reglamentaria de visas H-2B recién anunciada; que aumenta la cantidad máxima hasta 35.000 visas H-2B de no inmigrante hasta el final del año fiscal 2022, El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha recibido peticiones suficientes para alcanzar el límite de las 23.500 visas adicionales que se pusieron a disposiciones sólo para trabajadores que retornan. 

USCIS indicó que los ciudadanos de esos cuatro países tienen plazo hasta el 15 de septiembre para presentar las peticiones, o hasta que se llegue al tope de visas (lo que suceda primero), Igualmente, invitó a los peticionarios cuyos trabajadores no fueron seleccionados para la asignación de 23.500 visas de trabajadores que retornen, vuelvan a presentar la petición. 

Esta nueva convocatoria se da, debido a que no se recibieron peticiones debidamente presentadas en la fecha de publicación de la regla final temporal. 

Entre los beneficiarios están: trabajadores H-2B que actualmente se encuentren en Estados Unidos y deseen extender su estadía y, si corresponde, cambiar los términos de su empleo o cambiar de empleador. También, procesadores de huevas de pescado, técnicos de procesamiento de huevas de pescado, o supervisores de procesamiento de huevas de pescado; y trabajadores que se desempeñan o brindan servicios en la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte y Guam desde el 29 de noviembre de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2029.

Finalmente, estas visas complementarias están disponibles solo para empresas estadounidenses que sufren o sufrirán daños irreparables inminentes si no tienen la capacidad de emplear a todos los trabajadores H-2B solicitados en su petición, según lo declarado por el empleador en un nuevo formulario de certificación.

Antes de autorizar las cantidades de visas adicionales, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en consulta con el secretario del Trabajo, consideran las necesidades de las empresas y otros factores, incluido el impacto en los trabajadores estadounidenses y la integridad del programa H-2B.

Noticia realizada con información de: USCIS y EFE. 

Este martes entra en vigencia la primera fase de un nuevo protocolo que otorga poderes discrecionales temporales a los agentes de asilo del la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), quienes podrán otorgar, negar o referir casos de asilo en la frontera con México, un privilegio que anteriormente sólo podían ejercer los jueces de inmigración.

La Administración de Joe Biden anunció que los migrantes que a partir del 31 de mayo pasen la entrevista de miedo creíble, podrán ser referidos a una corte y posiblemente continuar sus procesos en libertad.

El inicio de este proyecto, se dió a finales de marzo cuando los departamentos de Justicia (DOJ) y Seguridad Nacional (DHS) anunciaron una Norma Final Provisional de Asilo que les otorga estos beneficios antes de que los casos lleguen a los tribunales de inmigración.

De acuerdo con miembros del DHS, este protocolo será activado para “mejorar y acelerar el procesamiento de solicitudes de asilo presentadas por no ciudadanos sujetos a deportación acelerada, asegurando que aquellos que son elegibles para asilo reciban ayuda rápidamente, y los que no lo son, sean puestos en proceso de expulsión acelerado”.

Se toma la decisión de implementar este mecanismo, para aliviar las cortes “debido a los retrasos judiciales existentes”, a finales de abril la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (Corte de Inmigración -EOIR-) tenía acumulados más de 1.7 millones de casos.

El gobierno explica que el programa será implementado por fases, de manera gradual comenzando con un pequeño número de personas y crecerá a medida que USCIS desarrolle capacidad operativa con el tiempo.

“A partir del 31 de mayo el DHS tratará de referir aproximadamente cientos de no ciudadanos cada mes a USCIS para una Entrevista de Méritos de Asilo (AMI) luego de una determinación positiva de temor creíble”, explica la regla.

Inicialmente, se lee en el reglamento, las referencias para una Entrevista de Méritos de Asilo (AMI) se limitarán a aquellas personas que indiquen a USCIS y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) “su intención de residir en una de las siguientes seis ciudades: Boston, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Newark o San Francisco.

Por último, el nuevo protocolo cobija a familias  y se aclara que “no se aplicará a los menores no acompañados”. Estos casos serán manejados al amparo de leyes y regulaciones vigentes, entre ellas el Acuerdo Judicial Flores de 1997. También, El DHS indica que los primeros lugares donde será implementada la nueva regla provisional de asilo serán dos centros de detención en el estado de Texas.

Noticia realizada con información de: Univisión

Una jornada de atención ciudadana para brindar orientación a los migrantes venezolanos en materia de inmigración, educación, impuestos y seguros, se realizará el miércoles 1 de junio en Miami, organizada por la embajada de Venezuela en Estados Unidos.

El embajador Carlos Vecchio, junto a miembros de la misión diplomática, realizarán un conversatorio donde los venezolanos podrán aclarar sus inquietudes sobre temas como el Estatus de Protección Temporal (TPS), al cual hasta el mes pasado, alrededor de 237.500 venezolanos habían aplicado, y de esas solicitudes, 51.295 fueron aprobadas, otras están pendientes de respuesta y 90 solicitudes fueron rechazadas. 

Recuerden que la fecha máxima para solicitar este alivio migratorio vence el próximo 9 de septiembre de 2022, después de que el gobierno estadounidense concediera una extensión.

Adicionalmente, “Un punto importante de la jornada será cómo los venezolanos pueden validar su título profesional para que sea reconocido en Estados Unidos”, dijo la sede consular este jueves.

Vecchio, también explicará el programa Conexión Laboral, una plataforma recientemente lanzada por la Embajada en conjunto con empresas como Amazon y la Fundación Tent Partnership for Refugees, para brindar oportunidades laborales para los venezolanos con permiso de trabajo.

Es importante resaltar, que no importa el estatus migratorio o laboral de quienes deseen participar, ya que la intención es brindar orientación sobre cómo las personas pueden encontrar un camino para legalizar su situación en el país norteamericano. 

Finalmente, la asistencia gratuita será ofrecida por abogados pro bono especializados en materia migratoria y por expertos en los demás asuntos que serán tratados. El encuentro se llevará a cabo en la sede de URBE University, en el 11430 NW 20th St. Unidad 150. Sweetwater, FL 33172, entre las 4 p.m y las 9 p.m.

Si está interesado en asistir, debe registrarse en el siguiente  link; https://www.eventbrite.com/e/encuentro-del-embajadr-carlos-vecchio-con-la-diaspora-venezolana-tickets-348860951497, debido a que son cupos limitados. 

Noticia realizada con información de: Embajada de Venezuela y  El Nuevo Herald. 

La orden restaura la habilidad de familias migrantes de citar el miedo a la persecución y a la tortura como un camino a la búsqueda de la protección en Estados Unidos.

Una orden judicial promulgada recientemente por un juez federal en Washington, DC, otorga a las familias migrantes un medio para ingresar a los Estados Unidos a pesar de la medida de la política de salud pública conocida como Título 42 que ha impedido el ingreso de más de 2 millones de migrantes desde el inicio del Covid-19. 

La nueva guía emitida para el servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) entró en vigencia a las 12:01 a.m del lunes, según documentos obtenidos por NBC News. En la cual se establece que si los oficiales de CBP notan que al menos un miembro de la familia muestra una «manifestación de miedo» verbal o no verbal de ser expulsado, deben ser liberados en los EE.UU. con una fecha de corte o enviados a un oficial de asilo que puede «determinar si es más probable que el no ciudadano sea perseguido o torturado en el país al que sería expulsado”.

No está claro si los oficiales de asilo permitirán que las familias migrantes soliciten asilo, lo que viene con más protecciones, como la autorización de trabajo, o solo las protecciones otorgadas por la Convención contra la Tortura, dijo Lee Gelernt, un abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) que representa a las familias migrantes en el Tribunal de Circuito de DC. Para calificar a las protecciones bajo la Convención contra la Tortura, un migrante debe demostrar que probablemente sufrirá tortura si regresa a su país de origen.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos dijo que las familias que no califican para el asilo y no son expulsadas bajo el Título 42 serán procesadas para su deportación.

Información tomada de: NBC News

El Título 42 sigue vigente y miles de inmigrantes se mantienen a la expectativa por las deportaciones.

La decisión de un juez federal de Louisiana, de impedir el fin del Título 42, una regla de salud pública activada en marzo del 2020 por la pandemia, significa un duro golpe al desarrollo de la política migratoria del gobierno de Joe Biden.

El viernes el juez federal Robert Summerhays emitió una segunda orden judicial temporal que bloquea la cancelación del Título 42, el cual en los últimos 26 meses ha permitido que sean deportados unos 2 millones de inmigrantes, la mayoría de los cuales huyeron de sus países en busca de asilo en Estados Unidos.

El viernes, 72 horas antes de la fecha anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para comenzar con el retiro de la controvertida política, la corte de Louisiana ratificó la sentencia. 

Vale recordar que la demanda proviene de 23 estados encabezados por Arizona, los cuales aplaudieron el fallo y anunciaron que seguirán defendiendo su postura para evitar una mayor crisis migratoria en la frontera. La demanda surgió porque los estados alegaron que la Administración violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) al no tomar en cuenta su opinión sobre la eliminación del Título 42.

Por otra parte, la Oficina de Prensa de la Casa Blanca anunció que respetará la decisión emitida por el juez de Louisiana que mantiene vivo el Título 42, pero advirtió que apelará la sentencia y seguirá adelante con los preparativos para seguir administrando la frontera con las herramientas legales con respeto al debido proceso migratorio

Estas son otras de las alternativas que usa Estados Unidos a la política de seguridad sanitaria, Título 42, Título 8 de la Ley de Inmigración (INA) y el Programa Permanecer en México (MPP), también conocido como ‘Quédate en México’, programas que restringen el acceso al asilo en Estados Unidos.

Finalmente, algunas de las voces que se oponen a este fallo alegan que es un daño irreparable a las familias migrantes que están en búsqueda de seguridad. También, “Nuestro país puede estar a la altura de sus más altos ideales al dar la bienvenida a mujeres, hombres y niños en circunstancias que amenazan sus vidas, como lo hemos demostrado más recientemente con nuestro apoyo a nuestros hermanos y hermanas ucranianos. 

Desafortunadamente, la decisión del juez va en contra de esos ideales”, dijo Mary Kay Henry, presidenta del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicio (SEIU). 

Noticia realizada con información de: Univisión

El Gobierno de Estados Unidos busca contrarrestar una crisis inesperada por la escasez de leche de fórmula para bebés, agudizada en las últimas semanas.

La incertidumbre frente a la escasez de leche de fórmula para bebés golpea a millones de familias estadounidenses afectadas. El faltante se registraba hace meses en Estados Unidos, pero se acrecentó con la decisión de Laboratorios Abbott, el mayor proveedor de leche en polvo en el país, de suspender momentáneamente sus productos. Debido a una posible contaminación bacteriana luego de la muerte de dos bebés.

Por otra parte, mientras circulan en diferentes redes fotos de los estantes vacíos en supermercados y los padres asustados lidian con la continua escasez de fórmula para bebés en el país, algunos políticos critican a la Administración de Biden, alegando que está dando prioridad a los niños inmigrantes detenidos en la frontera donde sí cuentan con fórmulas sobre las familias estadounidenses.

Sin embargo, lo que desconocen los críticos es que según establece el acuerdo Flores de 1997 se requiere que los agentes fronterizos provean alimentos y agua, entre otras cosas, a los menores detenidos, lo que puede significar darles fórmula infantil. Si no lo hiciera, el Gobierno de Biden estaría violando la ley.

También, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo el 18 de mayo que Abbott Nutrition, la empresa que está en el centro de la actual escasez de leche de fórmula para bebés, podría enfrentarse a cargos penales. 

Aparte de las medidas que se están considerando en la legislatura, el presidente Joe Biden también ha tratado de llegar a acuerdos que permitan más importaciones extranjeras de leche de fórmula para bebés.

Además, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y Abbott llegaron a un acuerdo que permitiría reabrir la planta de Sturgis. Sin embargo, la empresa ha dicho que, incluso cuando se reabra la planta, podrían pasar entre ocho y diez semanas para que la leche de fórmula vuelva a abastecerse en los supermercados.

Todas las soluciones han salido a flote, el presidente Bide invoca la Ley de Producción de Defensa para hacer frente a la escasez de fórmula para bebés el presidente recurrió a una ley de tiempos de guerra para garantizar que los fabricantes de la leche en polvo tengan los insumos suficientes para elaborar el producto.

El anuncio implica que el Gobierno federal dará prioridad a los ingredientes clave para la producción de fórmulas lácteas y obligará a los proveedores a proporcionar los recursos necesarios a los fabricantes. Igualmente, Biden ha ordenado al Departamento de Defensa que se usen aviones militares para ayudar en la importación de la fórmula desde el extranjero.

Noticia realizada con información de: Telemundo y  The Epoch Times. 

El fallo emitido este lunes 16 de mayo por la Corte Suprema de Justicia en el caso Patel deja a las puertas de la deportación a cualquier inmigrante que se haya equivocado durante un trámite que posteriormente sea rechazado por un oficial o un juez de inmigración.

Hasta antes del dictamen, quedaba la instancia de apelación ante las cortes federales, incluso el máximo tribunal de justicia, sin embargo, los magistrados, en una decisión dividida 5-4, se determinaron en contra de los extranjeros que buscan una revisión judicial.

La jueza Amy Coney Barrett, escribió en la sentencia que los tribunales federales “tienen prohibido categóricamente” considerar tales asuntos de inmigración, porque no tienen jurisdicción en los tribunales federales. Por otra parte, las únicas excepciones de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema, son las cuestiones constitucionales o las cuestiones de derecho.

Todo esto surge, a raíz de la revisión hecha por La Corte Suprema en el caso del inmigrante de origen indio Pankajkumar Patel y su esposa, quienes entraron ilegalmente sin haber sido inspeccionados en la frontera al país en la década de los 90. En 2012 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) determinó que Patel era “deportable” por estar presente “sin inspección” en el país.

Patel, intentó buscar un alivio discrecional de deportación que consiste en demostrar entre otras cosas, claramente y sin lugar a duda, que no es inadmisible en Estados Unidos, señala la ley. Pero su admisibilidad se puso en duda debido a que, cuando solicitó una licencia de conducir en el estado de Georgia, en el año 2008, marcó una casilla que indicaba que era ciudadano estadounidense y no lo era.

Finalmente, en su audiencia de deportación, el inmigrante de origen indio argumentó que fue un error, pero el juez de inmigración que presidió el juicio “rechazó” los argumentos de Patel y negó su solicitud de ajuste.

En la decisión de la Corte Suprema, se lee que la declaración falsa de que una persona es ciudadana estadounidense cuando no lo es, no solo faculta al gobierno a rechazar la solicitud de un beneficio, sino que además la persona se convierte legalmente en inadmisible para recibir la residencia y por haberse presentado a sí mismo cuando no lo era.

El dictamen constituye un duro golpe para un número indeterminado de inmigrantes en proceso de alcanzar un beneficio, afectados por una decisión adversa tomada discrecionalmente por un funcionario o para otros miles, que, el día de mañana soliciten un beneficio legal disponible y, durante el trámite, cometan un error involuntario y se convierta en una indeseada e inesperada causa de deportación.

Por último, la Corte Suprema falló que los extranjeros que declaran falsamente durante un trámite y afirman un estatus de permanencia que no tienen, no pueden apelar las decisiones que tome el Departamento de Justicia (DOJ) cuando le niegan un beneficio o emiten una orden de deportación. Igualmente, la ley federal “prohíbe la revisión judicial de cualquier fallo relacionado con la concesión de alivio” bajo el amparo de la Ley de Inmigración.

Noticia realizada con información de: Univisión