Juez Federal ordena proporcionar más de $1 dólar por día a inmigrantes detenidos en Washington

Miles de detenidos ganaban 1 dólar por día por lavar, limpiar baños, entre otros trabajos en las instalaciones administradas por GEO Group en el estado de Washington, compañía contratada por el gobierno.

La compañía GEO Group estaba registrando en Northwest ICE Processing Center, millones de dólares de ganancias, por lo que un jurado federal en el Tribunal de Distrito de EE.UU. decidió de manera extraordinaria que GEO Group debería empezar a proporcionar $17.3 millones de pagos retroactivos a mas de 10.000 detenidos antiguos y actuales.

Adicional a la decisión del jurado, el Juez federal Bryan emitió una orden judicial para exigir a la empresa que a futuro pague el salario mínimo estatal ($13.69) a los detenidos que participan en el Programa de Trabajadores Voluntarios.

Las medidas legales empleadas por el jurado y el Juez Bryan se basaron en los siguientes argumentos: “los inmigrantes detenidos no son delincuentes. En los EE. UU., las personas que han sido condenadas por un delito están exentas de las leyes laborales estatales mientras están encarceladas. En cambio, los inmigrantes, que están detenidos mientras esperan un proceso civil para determinar si pueden permanecer en USA, encajan en una categoría diferente y, por lo tanto, tienen derecho a un salario mínimo por su trabajo.”

Aceleración de casos de migrantes en EE.UU. presenta dificultades

En Estados Unidos un caso en las cortes de inmigración en promedio puede llegar a durar 4 años, sin embargo, según el mandato del juez de inmigración Francisco Prieto los plazos para resolver los casos pasarían a ser de 300 días.

Desde hace 6 meses la administración Biden estableció la nueva lista llamada “dedicated docket”, con la cual, se pone al principio de la lista; miles de casos diarios de familiar migrantes recién llegadas en buscan asilo y las cuales, pasarían por delante de muchos otros migrantes que llevan años en el territorio.

Este programa es una medida para establecer el orden en la frontera y de paso tratar una acumulación de 1.4 millones de casos en las cortes de inmigración con aproximadamente 35 de los más de 350 jueces de inmigración del país para acelerar los casos.

Pese a que la lista de casos se comenzó hace poco, la idea enfrenta las mismas quejas y desafíos que cuando la impuso el ex presidente Barack Obama, ya que los críticos aseguran que lo migrantes no recibirán un buen trato debido al apresuramiento de sus casos y especialmente para aquellos migrantes que no cuentan con un abogado.

Cerca de 14 millones de centroamericanos quieren emigrar el próximo año a EE.UU.

Según un estudio cerca de 43% del porcentaje de ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador estarían dispuestos a emigrar en los próximos 12 meses a Estados Unidos, viendo así una oportunidad de mejora para su situación actual.

El estudio ‘Trazando un nuevo curso de acción regional: las complejas motivaciones y costos de la migración centroamericana’ evidencia distintos factores que alimentan las migraciones irregulares.

El porcentaje de ciudadanos (43%) supera con creces el 8% de ese mismo indicador de hace dos años, según el estudio, realizado por el Instituto de Políticas Migratorias, la Organización de Estados Americanos (OEA), el PMA y el Instituto Tecnológico de Michigan.

El secretario general de la OEA acotó que detrás del exponencial aumento de migrantes de esos países están la violencia, crimen organizado, desempleo, inseguridad alimentaria y, más recientemente, el impacto del cambio climático.

El subsecretario de Estado para el hemisferio occidental y enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, afirmó: “Estamos tratando de dar una mayor cantidad de visas de trabajo temporal a todos los que quieren venir a Estados Unidos. Podría ser una opción para toda la región, y podríamos generar cierto orden y con ello, podemos hacer frente al fenómeno migratorio que enfrentamos ahora”.

Según defensores el Congreso de EE.UU. debe actuar ante la llegada de migrantes

Miles de migrantes que huyen de la pobreza y violencia en Centroamérica y el Caribe emprendieron un viaje desde el sur de México el mes pasado con la esperanza de llegar a los Estados Unidos y poder solicitar asilo.

Sin embargo, existe una gran posibilidad de que las autoridades mexicanas no dejen pasar al grupo conocido como Partió a pie, debido a los términos de un acuerdo entre los dos países para detener la migración irregular en los Estados Unidos. Aún así, si llegasen a la frontera, lo más probable es que sean expulsados bajo el Título 42, una política de la era de Trump que asegura la deportación inmediata.

Este no es el primer desafío en la frontera y seguramente no será el último, debido a que la crisis en los países de América Central y del Sur seguirán generando que muchas personas busquen de manera desesperada protección en los Estados Unidos.

Los defensores de inmigrantes de momento están apelando a los legisladores estadounidenses, quienes se encuentran divididos sobre la aprobación de la legislación en el Congreso para reformar el sistema inmigratorio, argumentando que es la única manera de lograr una respuesta efectiva y humana.

78.000 avisos de casos de deportación que no fueron procesados totalmente en EE.UU. serán retomados

Estados Unidos lanzará una operación para enviar documentos judiciales a 78.000 migrantes que no fueron procesador para su deportación luego de haber cruzado este año la frontera entre EE.UU. y México sin autorización.

El proyecto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de USA, también conocido como «Operación Horizonte», está creado para situar a decenas de miles de migrantes que han aceptado procesamiento ad hoc alrededor de la frontera sur en procedimientos de deportación. La agencia enviará a los migrantes «avisos para comparecer», así como otros documentos.

En la mayoría de los casos, a los migrantes que son liberados luego de cruzar la frontera sur, en vez de ser deportados rápidamente o detenidos, se les otorgan «avisos para comparecer», lo que les exige ver a un juez de inmigración que puede ordenar su deportación si no se presentan a citas de la corte.

Sin embargo, a partir de marzo, los funcionarios fronterizos de EE.UU. no emitieron avisos para aparecer a decenas de miles de migrantes que fueron liberados, afirmando recursos limitados debido a un fuerte aumento en la migración. En cambio, los migrante recibieron “avisos para informar” o instrucciones para presentarse en una oficina de ICE en su destino respectivo dentro de los 60 días, para continuar con su procesamiento.

Los avisos a miles de migrantes han generado preocupaciones entre los defensores de los inmigrantes que piensan que muchos de los paquetes legales puedes enviarse a direcciones donde los destinatarios ya no viven, lo que puede generar que los jueces de inmigración ordenen la deportación debido a la falla en las citas en la corte.

De allí que Nayna Gupa, directora asociada de política del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, pidió a ICE que emita y publique una guía que requiera a sus fiscales que demuestren que los migrantes recibieron avisos para comparecer antes de proceder a deportarlos.

Estados Unidos elimina restricciones al procesamiento de los solicitantes de asilo en la frontera

Actualmente el gobierno de los Estados Unidos que mantiene la deportación de migrantes bajo razones de salud pública, ha puesto fin a las limitaciones del número de solicitantes de asilo que pueden ser procesados en los cruces fronterizos debido a un memorando expedido por Troy Miller, director interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Con este memorando se busca poner fin al programa de Protocolos de Protección a Migrantes (MMP) instaurado por la administración del expresidente Donal Trump, bajo la cual los extranjeros que llegan a la frontera sur a pedir asilo; son devueltos a México y América Central a la espera de una audiencia ante tribunales de inmigración.

En el memorando, Troy Miller, director interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), derogó varias de las medidas adoptadas por el Gobierno de Trump y dictaminó una ampliación del procesamiento de solicitudes que sean factibles procesar en términos de operación.

El memorando de Troy Miller es reafirmado por uno emitido el 29 de octubre por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en el que notificó a las agencias involucradas en migración su decisión de poner fin “tan pronto como sea posible” al programa MPP.

El impacto del memorando no está claro debido a que la administración del presidente Joe Biden, mantiene vigente el uso del Título 42, aplicado por el expresidente Donald Trump desde marzo del 2020 y con el cual son deportados de manera libre los migrantes a quienes las autoridades fronterizas consideren una amenaza para la salud pública.

Mayor probabilidad de negación de asilo para haitianos por parte de los Estados Unidos

Gibbens Revolus, su esposa Lugrid y su hijo de 2 años Diego, han tenido que vivir en carne propia el desprecio, racismo y luchas de muchos inmigrantes haitianos al emprender el difícil viaje a la frontera entre Estados Unidos y México desde Chile

Gibbens Revolus, su esposa Lugrid y su hijo de 2 años Diego, han tenido que vivir en carne propia el desprecio, racismo y luchas de muchos inmigrantes haitianos al emprender el difícil viaje a la frontera entre Estados Unidos y México desde Chile, para terminar igual que alrededor de 15.000 haitianos en condiciones insalubres en el Puente Internacional en Del Río, Texas a la espera de asilo.

Revolus ha buscado oportunidades desde que su país entró en una crisis creciente debido a las secuelas del terremoto devastador, inestabilidad política debido a la muerte del presidente Jovenel Moïse en julio, además de una ola de violencia de pandillas y secuestros incontrolables.

Gibbens emprendió su viaje de Haití a Chile, donde pudo encontrar un trabajo en una carnicería, almacenando refrigeradores y estantes, con el cual apenas le alcanzaba para el sustento básico de vida. Sin embargo, luego las actitudes hacia los haitianos cambiaron. «Dos compañeros de trabajo intentaron apuñalarme», dice Revolus, quien estaba en Chile con una visa de trabajo.

Sintiendo esa presión creciente en Chile decidió comenzar su viaje a la frontera de EE.UU. a principio de este año, en donde según él, vivieron un infierno que les tomó 3 meses de viaje en autobús, varios días caminando y cruzar de Colombia a Panamá en un bote repleto, para al final terminar siendo deportados por la patrulla fronteriza el 27 de septiembre.

“Solo buscábamos una vida mejor, pero nos dieron marcha atrás” … “Luego de cada una de las décadas de intromisión estadounidense en los asuntos de Haití, realmente creía que se me permitiría pedir asilo en la frontera” afirma Gibbens hablando por celular a partir de Puerto Príncipe.

Ahora Revolus y su familia, al igual que muchos otros inmigrantes haitianos; permanecen de regreso en un territorio donde el estado de derecho parece haberse derrumbado.

Aumento en órdenes de deportación “en ausencia” contra inmigrantes

Alrededor de 173 inmigrantes recibieron órdenes de deportación entre agosto y septiembre del 2021, se puede decir que 9 veces más si se compara la cifra con las 20 órdenes emitidas entre enero y julio del año en curso, según los datos judiciales.

Entre enero y mayo de 2021, solo hubo 1 o 2 órdenes en ausencia por mes, mientras que en junio se registraron 14 en estos tribunales. Sin embargo, en agosto hubo 63 y en septiembre 110 órdenes de deportación. Según advierte San Francisco Chronicle, las cifras de octubre pueden ser similares.

Estas cifras han aumentado considerablemente debido a que los jueces de inmigración en San Francisco California han aumentado el número de órdenes de deportación “en ausencia” expedidas contra inmigrantes que no se presentaron a sus audiencias, advirtió este lunes el periódico Chronicle.

Estas decisiones han generado varias críticas de los defensores de inmigrantes porque las órdenes de deportación se estarían imponiendo a inmigrantes que no recibieron las notificaciones de la corte debido a que fueron regresadas y catalogadas por el servicio de correo como imposibles de entregar, además de avisar que las cortes notificaban a los inmigrantes de las audiencias enviando correos a direcciones incorrectas.

Según Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, las cifras del año fiscal 2021 terminaron con una acumulación de 1.457.615 casos esperando ser definidos en los tribunales de inmigración de Estados Unidos.

Sin embargo, el abogado de inmigración Fernando Romo afirmo a la EFE que en algunos casos estas órdenes de deportación en ausencia se pueden pelear en corte. Entre las vías para reabrir el caso se encuentra el argumento de que nunca se le notifico al inmigrante por parte de la corte.

Nuevo plan de Biden busca gastar 100.000 millones para tratar problemas en el sistema de inmigración

El presidente Joe Biden busca por medio del nuevo plan social de 1.75 billones presentado este jueves 28 de octubre, incluir una partida de 100,000 millones de dólares para reformar el sistema de inmigración en conformidad con las normas de reconciliación del Senado.

Luego de haber presentado dos propuestas para el plan social, ahora los demócratas intentan impulsar un plan C, en el que se espera aprobación para otorgar el estatus de libertad condicional humanitaria, incluyendo autorización de trabajo y protección de deportación para ciertos inmigrantes indocumentados.

Según un comunicado emitido por la Casa Blanca, el presupuesto estaría destinado a reducir retrasos en las cortes, expandir la representación legal y “hacer que el sistema de asilo y procesamiento fronterizo sean más eficientes y humanos”

Sin embargo, Biden no especificó si el plan incluirá un camino a la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados, como ya lo habían prometido los demócratas ante la imposibilidad de aprobar una reforma migratoria por la oposición republicana.

El nuevo proyecto social será admitido por el Congreso mediante el sistema de reconciliación, una modalidad legislativa que permitirá sacarlo adelante a pesar de las obstrucciones republicanas. Aún así, el Congreso obliga a que el paquete se limite a nivel presupuestario, por lo que debe ser aprobado por la asesora de reglas del Senado, Elizabeth McDonough para revisar si puede hacerse mediante reconciliación.

La Cámara de Representantes dio a conocer el bosquejo preliminar del proyecto de ley, en el que incluye una disposición para permitir que las personas indocumentadas que llegaron a los Estados Unidos para el año 2010 soliciten un estatus legal. El plan de ley de la Cámara además incluye una disposición para recobrar hasta 226.000 visas no usadas.

Algunos migrantes detenidos recibirán salario mínimo en Estados Unidos

Un jurado federal determinó que The GEO Group, centro de detención con fines de lucro, deberá pagar un salario mínimo a los inmigrantes detenidos que realicen trabajos como cocinar o limpiar dentro de sus instalaciones en el estado de Washigton.

“Esta corporación multimillonaria explotó ilegalmente a las personas que detiene para llenarse los bolsillos”, dijo el fiscal general de Washington, Bob Ferguson, en un comunicado enviado por correo electrónico. «La victoria de hoy envía un mensaje claro: Washington no tolerará que las corporaciones que se enriquezcan violando los derechos de la gente».

El jurado es quien se encargará de revisar cuánto dinero se le debe a los inmigrantes detenidos que trabajaron en las instalaciones, una suma que se presume alcanzará los millones de dólares. El juez federal Robert Bryan, dictaminará cuánto debe pagarle The Geo Group al estado de Washington por el señalamiento de enriquecimiento de manera injusta y a costa de los detenidos.

El centro de detención demandado, sostuvo que los privados de su libertad no eran empleados bajo la Ley de Salario Mínimo de Washington. Añadió que, si incluso lo fueran, sería ilegal y discriminatorio que Washington requiera que GEO les pague el salario mínimo a los reclusos que trabajan en sus propias prisiones u otros centros de detención.

Washington al parecer es el primer estado que demanda a un contratista de detención privado pro no pagar salario a los inmigrantes reclusos. Sin embargo, ya se han presentado demandas similares de inmigrantes detenidos en otros estados, incluidos Nuevo México, Colorado y California, que buscan obligar a GEO y a otra importante empresa privada de detención como CoreCivic, a pagar el salario mínimo a los detenidos.

La noticia ha sido creada a partir de AP News