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Estados Unidos elimina restricciones al procesamiento de los solicitantes de asilo en la frontera

Actualmente el gobierno de los Estados Unidos que mantiene la deportación de migrantes bajo razones de salud pública, ha puesto fin a las limitaciones del número de solicitantes de asilo que pueden ser procesados en los cruces fronterizos debido a un memorando expedido por Troy Miller, director interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Con este memorando se busca poner fin al programa de Protocolos de Protección a Migrantes (MMP) instaurado por la administración del expresidente Donal Trump, bajo la cual los extranjeros que llegan a la frontera sur a pedir asilo; son devueltos a México y América Central a la espera de una audiencia ante tribunales de inmigración.

En el memorando, Troy Miller, director interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), derogó varias de las medidas adoptadas por el Gobierno de Trump y dictaminó una ampliación del procesamiento de solicitudes que sean factibles procesar en términos de operación.

El memorando de Troy Miller es reafirmado por uno emitido el 29 de octubre por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en el que notificó a las agencias involucradas en migración su decisión de poner fin “tan pronto como sea posible” al programa MPP.

El impacto del memorando no está claro debido a que la administración del presidente Joe Biden, mantiene vigente el uso del Título 42, aplicado por el expresidente Donald Trump desde marzo del 2020 y con el cual son deportados de manera libre los migrantes a quienes las autoridades fronterizas consideren una amenaza para la salud pública.

Mayor probabilidad de negación de asilo para haitianos por parte de los Estados Unidos

Gibbens Revolus, su esposa Lugrid y su hijo de 2 años Diego, han tenido que vivir en carne propia el desprecio, racismo y luchas de muchos inmigrantes haitianos al emprender el difícil viaje a la frontera entre Estados Unidos y México desde Chile

Gibbens Revolus, su esposa Lugrid y su hijo de 2 años Diego, han tenido que vivir en carne propia el desprecio, racismo y luchas de muchos inmigrantes haitianos al emprender el difícil viaje a la frontera entre Estados Unidos y México desde Chile, para terminar igual que alrededor de 15.000 haitianos en condiciones insalubres en el Puente Internacional en Del Río, Texas a la espera de asilo.

Revolus ha buscado oportunidades desde que su país entró en una crisis creciente debido a las secuelas del terremoto devastador, inestabilidad política debido a la muerte del presidente Jovenel Moïse en julio, además de una ola de violencia de pandillas y secuestros incontrolables.

Gibbens emprendió su viaje de Haití a Chile, donde pudo encontrar un trabajo en una carnicería, almacenando refrigeradores y estantes, con el cual apenas le alcanzaba para el sustento básico de vida. Sin embargo, luego las actitudes hacia los haitianos cambiaron. «Dos compañeros de trabajo intentaron apuñalarme», dice Revolus, quien estaba en Chile con una visa de trabajo.

Sintiendo esa presión creciente en Chile decidió comenzar su viaje a la frontera de EE.UU. a principio de este año, en donde según él, vivieron un infierno que les tomó 3 meses de viaje en autobús, varios días caminando y cruzar de Colombia a Panamá en un bote repleto, para al final terminar siendo deportados por la patrulla fronteriza el 27 de septiembre.

“Solo buscábamos una vida mejor, pero nos dieron marcha atrás” … “Luego de cada una de las décadas de intromisión estadounidense en los asuntos de Haití, realmente creía que se me permitiría pedir asilo en la frontera” afirma Gibbens hablando por celular a partir de Puerto Príncipe.

Ahora Revolus y su familia, al igual que muchos otros inmigrantes haitianos; permanecen de regreso en un territorio donde el estado de derecho parece haberse derrumbado.

Aumento en órdenes de deportación “en ausencia” contra inmigrantes

Alrededor de 173 inmigrantes recibieron órdenes de deportación entre agosto y septiembre del 2021, se puede decir que 9 veces más si se compara la cifra con las 20 órdenes emitidas entre enero y julio del año en curso, según los datos judiciales.

Entre enero y mayo de 2021, solo hubo 1 o 2 órdenes en ausencia por mes, mientras que en junio se registraron 14 en estos tribunales. Sin embargo, en agosto hubo 63 y en septiembre 110 órdenes de deportación. Según advierte San Francisco Chronicle, las cifras de octubre pueden ser similares.

Estas cifras han aumentado considerablemente debido a que los jueces de inmigración en San Francisco California han aumentado el número de órdenes de deportación “en ausencia” expedidas contra inmigrantes que no se presentaron a sus audiencias, advirtió este lunes el periódico Chronicle.

Estas decisiones han generado varias críticas de los defensores de inmigrantes porque las órdenes de deportación se estarían imponiendo a inmigrantes que no recibieron las notificaciones de la corte debido a que fueron regresadas y catalogadas por el servicio de correo como imposibles de entregar, además de avisar que las cortes notificaban a los inmigrantes de las audiencias enviando correos a direcciones incorrectas.

Según Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, las cifras del año fiscal 2021 terminaron con una acumulación de 1.457.615 casos esperando ser definidos en los tribunales de inmigración de Estados Unidos.

Sin embargo, el abogado de inmigración Fernando Romo afirmo a la EFE que en algunos casos estas órdenes de deportación en ausencia se pueden pelear en corte. Entre las vías para reabrir el caso se encuentra el argumento de que nunca se le notifico al inmigrante por parte de la corte.

Nuevo plan de Biden busca gastar 100.000 millones para tratar problemas en el sistema de inmigración

El presidente Joe Biden busca por medio del nuevo plan social de 1.75 billones presentado este jueves 28 de octubre, incluir una partida de 100,000 millones de dólares para reformar el sistema de inmigración en conformidad con las normas de reconciliación del Senado.

Luego de haber presentado dos propuestas para el plan social, ahora los demócratas intentan impulsar un plan C, en el que se espera aprobación para otorgar el estatus de libertad condicional humanitaria, incluyendo autorización de trabajo y protección de deportación para ciertos inmigrantes indocumentados.

Según un comunicado emitido por la Casa Blanca, el presupuesto estaría destinado a reducir retrasos en las cortes, expandir la representación legal y “hacer que el sistema de asilo y procesamiento fronterizo sean más eficientes y humanos”

Sin embargo, Biden no especificó si el plan incluirá un camino a la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados, como ya lo habían prometido los demócratas ante la imposibilidad de aprobar una reforma migratoria por la oposición republicana.

El nuevo proyecto social será admitido por el Congreso mediante el sistema de reconciliación, una modalidad legislativa que permitirá sacarlo adelante a pesar de las obstrucciones republicanas. Aún así, el Congreso obliga a que el paquete se limite a nivel presupuestario, por lo que debe ser aprobado por la asesora de reglas del Senado, Elizabeth McDonough para revisar si puede hacerse mediante reconciliación.

La Cámara de Representantes dio a conocer el bosquejo preliminar del proyecto de ley, en el que incluye una disposición para permitir que las personas indocumentadas que llegaron a los Estados Unidos para el año 2010 soliciten un estatus legal. El plan de ley de la Cámara además incluye una disposición para recobrar hasta 226.000 visas no usadas.

Algunos migrantes detenidos recibirán salario mínimo en Estados Unidos

Un jurado federal determinó que The GEO Group, centro de detención con fines de lucro, deberá pagar un salario mínimo a los inmigrantes detenidos que realicen trabajos como cocinar o limpiar dentro de sus instalaciones en el estado de Washigton.

“Esta corporación multimillonaria explotó ilegalmente a las personas que detiene para llenarse los bolsillos”, dijo el fiscal general de Washington, Bob Ferguson, en un comunicado enviado por correo electrónico. «La victoria de hoy envía un mensaje claro: Washington no tolerará que las corporaciones que se enriquezcan violando los derechos de la gente».

El jurado es quien se encargará de revisar cuánto dinero se le debe a los inmigrantes detenidos que trabajaron en las instalaciones, una suma que se presume alcanzará los millones de dólares. El juez federal Robert Bryan, dictaminará cuánto debe pagarle The Geo Group al estado de Washington por el señalamiento de enriquecimiento de manera injusta y a costa de los detenidos.

El centro de detención demandado, sostuvo que los privados de su libertad no eran empleados bajo la Ley de Salario Mínimo de Washington. Añadió que, si incluso lo fueran, sería ilegal y discriminatorio que Washington requiera que GEO les pague el salario mínimo a los reclusos que trabajan en sus propias prisiones u otros centros de detención.

Washington al parecer es el primer estado que demanda a un contratista de detención privado pro no pagar salario a los inmigrantes reclusos. Sin embargo, ya se han presentado demandas similares de inmigrantes detenidos en otros estados, incluidos Nuevo México, Colorado y California, que buscan obligar a GEO y a otra importante empresa privada de detención como CoreCivic, a pagar el salario mínimo a los detenidos.

La noticia ha sido creada a partir de AP News

Nominado de inmigración de Joe Biden explicará por qué debe liderar la agencia fronteriza entre EE.UU. y México

Chris Magnus, el nominado por el presidente Joe Biden para dirigir la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) testificará y explicará ante los Senadores por qué debe liderar la agencia fronteriza en medio de uno de los años más transitados en dos décadas en la frontera sur. 

La nominación de Chris Magnus, jefe de policía de Tucson, Arizona, había sido retrasa por el Senador, Ron Wyden, quien acordó el mes pasado permitir que la nominación de Magnus avance después de que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, proporcionara los materiales y dirigiera una revisión de las políticas de uso de la fuerza de la agencia.

La audiencia se desarrolla cuando la agencia fronteriza combate cargas de trabajo a grado de crisis y críticas acaloradas de los defensores de los inmigrantes, los legisladores demócratas y el propio mandatario, por el trato dado a los migrantes haitianos bajo la orden de salud pública, Título 42 de la era de Trump, con la cual se expulsa de manera rápida a los inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. 

Magnus se enfrenta para liderar la agencia de aplicación de la ley más grande y la segunda fuente de recaudación de ingresos más grande del gobierno federal que no ha tenido un líder confirmado desde que Kevin McAleenan renunció durante la administración Trump en 2019.  

Magnus le dijo al Comité de Finanzas del Senado que, de ser confirmado, mejoraría la capacitación para aumentar la sensibilidad del personal de CBP. «Creo que la humanidad tiene que ser parte de la discusión desde el principio y, a menudo, a lo largo de las carreras de los miembros de CBP», dijo.

La noticia ha sido creada a partir de The Washington post: https://wapo.st/3njhDvn 

Defensores de inmigración de EE.UU. dejan diálogo con el gobierno Biden

Defensores de los inmigrantes en Estados Unidos abandonaron una reunión virtual con funcionarios de la Casa Blanca en protesta por las políticas fronterizas promulgadas durante la administración Trump en contra de indocumentados y mantenidas por la administración Biden. 

Los activistas afirmaron que ya no podían “entrar en estas conversaciones con buena conciencia” luego de presenciar como la administración del presidente Joe Biden “juega a la política con vidas humanas” 

La reunión y por consiguiente abandono de los defensores fue motivada por los planes de la gestión Biden de restablecer el mes próximo los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), también conocido como Quédate en México, programa que busca obligar a los solicitantes de asilo a esperar del otro lado de la frontera sur (México) sus audiencias 

Parte importante de la molestia y preocupación por parte de los activistas se encuentra en el uso constante y la defensa por parte de Washington del Título 42, una orden de salud pública que fue utilizada por primera vez bajo la administración Trump como excusa para expulsar a los migrantes en medio de la pandemia Covid-19

Según analistas, la Casa Blanca intenta retomar la propuesta migratoria plateada al inicio del mandato en la que se promulgaban leyes migratorias más humanitarias, una idea que se ha ido desdibujando con las estrictas medidas aplicadas a través de la administración Biden. 

Huelga en contra de la reforma migratoria por parte de latinos en Wisconsin

Miles de personas marcharon el lunes 11 de octubre, Día de la Raza en Estados Unidos o también conocido Columbus Day. La marcha comenzó del lado sur de Milwaukee hasta el Palacio de Justicia Federal en la huelga estatal “Día sin latinos e inmigrantes”.

Personas como Ramiro Castillo, inmigrante latino quien acompañó la huelga en contra de la reforma migratoria y quien entiende lo que es vivir bajo la sombra y llegar a los Estados Unidos desde México con 18 años y comenzar a trabajar por poco dinero, recibiendo un cheque de pago por 500 dólares después de trabajar 80 horas a la semana, es decir aproximadamente de 11 a 12 horas diarias.  

Ramiro, ahora propietario de un negocio llamado Castillo Landscaping, decidió cerrar el día de la marcha para apoyar a su comunidad exigiendo una reforma migratoria. 

La huelga se organizo luego de que un parlamentario del Senado de los EE.UU. diera su opinión sobre la reforma, afirmando que las reformas relacionadas con inmigración no podían incluirse en el proyecto de ley de presupuesto de reconciliación Build Back Better que espera al Congreso. 

«Demostramos mucho poder al participar en un día sin latinos», dijo Castillo en español. La movilización culminó una concentración en el Palacio de Justicia Federal, donde maestros, campesinos y aliados hablaron sobre sus experiencias como inmigrantes en el país. 

Se tiene pensado organizar más movilizaciones en otros estados que conducen a la fecha límite del 31 de octubre cuando los demócratas votarán el proyecto de ley. 

Estados Unidos suspende redadas para inmigrantes indocumentados en lugares de trabajo

Según un memorando emitido el 12 de octubre por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, los agentes federales de inmigración pondrán fin a los arrestos masivos en sitios de trabajo de empleados inmigrantes sospechosos de vivir en Estados Unidos sin permiso legal. 

Ahora en vez de buscar inmigrantes indocumentados, buscan desplazar la búsqueda de “empleadores sin escrúpulos que explotan la vulnerabilidad de los trabajadores indocumentados” y enfatizará la lucha contra el abuso de los trabajadores, incluido el pago de salarios deficientes, condiciones laborales inseguras y trata de personas.

En el memorando se especifica que dentro de dos meses los jefes de Inmigración y Control de Aduanas, Servicios de Ciudadanía e inmigración y Aduanas y Protección Fronteriza deben elaborar un plan en el que se aumenten las sanciones a los empleadores, animar a los trabajadores a denunciar prácticas inescrupulosas y coordinar con otras agencias como el Departamento de Trabajo. 

Este tipo de redadas eran defendidas durante la administración del ex presidente Trump y otros mandatarios republicanos como fuertes disuasivos contra la inmigración ilegal, mientras que los equipos de trabajadores las calificaron de injustas y discriminatorias. Un ejemplo claro de ello, fue cuando 680 trabajadores latinos fueron arrestados en plantas de pollo dirigidas por organizaciones como Koch Foods, con origen en Illinois.  

Nadia Marín Molina, directora ejecutiva de la Red Nacional de Organizaciones de Jornaleros afirmo: “Ya es hora de que el Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU. deje de permitir a los empleadores que usan la amenaza de deportación como una herramienta para facilitar la explotación y evadir la rendición de cuentas” … “Los trabajadores inmigrantes mantuvieron las luces encendidas en este país durante una pandemia, y el gobierno esencialmente les dijo que debían trabajar hasta la muerte sin derechos básicos para que otros pudieran vivir”.

Testimonio de estudiante, familia y abogado sobre las luchas para inmigrar a Estados Unidos

TJ, es un hindú que llegó a los Estados Unidos en busca de oportunidad en el año 2013 junto con sus padres Sundhir y Punita, quienes se encontraban orgullosos cuando recibieron la noticia de que su hijo TJ se mudaría a los dormitorios de primer año en UC Berkeley, sin embargo, esta noticia se vio nublada por un problema con el sistema inmigratorio de los Estados Unidos. 

Sudhir trabaja para una consultoría privada y tiene visa H1B, mientras que su esposa Punita y su hijo TJ poseen visas H4, las cuales se emiten para parientes dependientes que no se les permite laboral en los Estados Unidos. TJ, es un estudiante de Ingeniería Química Junior en CAL y requiere una pasantía para poder adquirir más conocimientos que lo hagan más competitivo frente a sus compañeros de clase y de este modo lograr al finalizar sus estudios un trabajo. 

TJ necesita que su visa H4 se convierta en una visa F1. La familia presentó la documentación para el cambio en julio de 2020, «Un proceso que generalmente toma alrededor de 6 a 7 meses todavía está en marcha en este momento», dijo Sudhir. «Entonces, ha pasado más de un año». «Desafortunadamente, esto le sucede a mucha gente y creo que ha estado sucediendo más en los últimos años», dijo Ann Block, abogada senior de proyectos especiales en el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC). 

Adicional a la demora el proceso de TJ se le sumo los retrasos en los procesos inmigratorios existentes debido al Covid-19. Sin embargo, la situación se agrava más debido a que TJ corre el riesgo de quedarse sin visa H4 por lo que no puede quedarse en EE.UU. una vez que cumple 21 años y él actualmente tiene 20 años.

«Si envejece, entonces necesita tener una visa alternativa como la F1, que ya está en trámite, o tiene que salir del país», dijo Sudhir. Si TJ se ve obligado a dejar EE. UU, no podría completar su último año en UC Berkeley. Al igual que TJ muchas otras familias tiene problemas similares y nada de recursos con los que costear los procesos inmigratorios.  

La noticia ha sido creada a partir de ABC NEWS :https://abc7ne.ws/3FBrF3i