La Corte Suprema desestimó la apelación de un grupo de estados liderados por republicanos para intervenir en un caso que desafía la política de inmigración de «carga pública», impuesta en la era Donald Trump y cuya versión el gobierno de Joe Biden dejó de implementar para regresar a la regla de 1999.
La Corte escuchó en febrero a los abogados de los demandantes y del gobierno presentar sus argumentos y parecía encaminarse a emitir un fallo, pero el miércoles divulgó una opinión sin firma y de apenas una oración diciendo que desestimaba el caso. Ello deja intacto el fallo de una instancia menor a favor del gobierno del presidente Biden, de que los estados no tenían derecho a intervenir.
La decisión representa un golpe para los estados conservadores que le pidieron al alto tribunal intervenir. La opinión estuvo encabezada por el presidente de la Corte, John Roberts y se unieron los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch.
En qué consiste esta controversia, en agosto de 2019, el entonces gobierno de Trump emitió una regulación, a la que se le denominó «carga pública», que hizo más difícil para los inmigrantes que dependían de la asistencia del gobierno en programas como: Medicaid, viviendas subsidiadas y cupones de alimentos, obtener un estatus legal. La regla que se implementó en ese momento aplicaba a las personas que buscaban llegar o permanecer en Estados Unidos. Específicamente, a quienes estaban en proceso de obtener un estatus permanente legal, también conocido como tarjeta de residencia o ‘green card’.
En esta disputa se escucharon a las diferentes voces, una de ellas la del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien manifestó que: «La regla de carga pública de 2019 no es coherente con los valores de nuestra nación», y añadió que «Bajo esta regla propuesta, volveremos a la comprensión histórica del término ‘carga pública’. Y los individuos no serán penalizados por elegir acceder a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellos».
Grupos que defienden a los migrantes, dicen que el mayor impacto de la norma fue asustar a los inmigrantes, llevándolos a rechazar o no solicitar las prestaciones públicas ante el temor de que éstas les obstaculicen sus procesos para obtener la residencia permanente.
Finalmente, a principios de mes el servicio de inmigración estadounidense anunció la actualización de su página digital relacionada con información sobre carga pública, “La actualización puede ayudar con información adicional para reducir la confusión y el miedo que podrían impedir que los inmigrantes y sus familias, incluidos ciudadanos estadounidenses y sus hijos, tengan acceso a servicios importantes del gobierno que se encuentran disponibles”, dijo la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
La regla de carga pública de 1999 establece una pautas para determinar una causal de inadmisibilidad clave que resuelve si un extranjero puede o no recibir beneficios, entre ellos la residencia legal permanente.
Noticia realizada con información de: Univisión y CNN.
