Once personas que residían en California fueron acusadas por su vínculo con la gestión de una «agencia» de fraude matrimonial a gran escala que supuestamente arregló cientos de matrimonios falsos para ajustar estatus migratorios, informó el Departamento de Justicia.
La acusación reseña que estos individuos operaban una “agencia” que organizó cientos de matrimonios falsos entre “clientes” extranjeros y ciudadanos estadounidenses. Como parte del esquema de operación, se reclutaba a ciudadanos estadounidenses dispuestos a casarse con los clientes de la agencia a cambio de una tarifa inicial y pagos mensuales hasta después del matrimonio, para mantener a los ciudadanos estadounidenses receptivos y cooperativos hasta que el cliente de la agencia tuviera su estatus legal.
La agencia supuestamente preparó y presentó peticiones, solicitudes y otros documentos falsos para corroborar los matrimonios fraudulentos y asegurar el ajuste de los estatus migratorios de los clientes por una tarifa de entre $20,000 y $30,000 en efectivo.
Uno de los capturados fue, Marcialito Biol Benítez, alias “Mars” , quien junto a sus cómplices ayudaban a algunos clientes, generalmente aquellos cuyos cónyuges no respondían o no cooperaban, a obtener tarjetas de residencia bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) al afirmar que los clientes indocumentados habían sido abusados por presuntos cónyuges estadounidenses.
“El fraude matrimonial es un delito grave que amenaza la integridad del sistema de inmigración legal de nuestra nación”, dijo la fiscal federal Rachael S. Rollins. “La supuesta explotación de este sistema por parte de estos acusados con fines de lucro es una afrenta a la tradición de nuestra nación de dar la bienvenida a inmigrantes y posibles ciudadanos. Su supuesto comportamiento fraudulento dificulta las cosas para la gran mayoría de los inmigrantes que siguen la ley y respetan nuestro sistema de inmigración. Más allá de eso, al supuestamente presentar solicitudes falsas que alegaban abuso doméstico, estos acusados causaron más daño, esta vez a víctimas reales y sobrevivientes de violencia doméstica”.
Se plantea que, los acusados concertaron matrimonios fraudulentos y presentaron documentos de inmigración falsos para al menos 400 clientes entre octubre de 2016 y marzo de 2022. El cargo de conspiración para cometer fraude matrimonial contempla una sentencia de hasta cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de $250,000.
Joseph R. Bonavolonta, agente especial a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), en Boston, dijo: “Creemos que su supuesto esquema violó las leyes de inmigración vigentes que sirven para proteger la seguridad pública y creó una desventaja para aquellos que buscan obtener su ciudadanía legalmente”.
Entre los once acusados, seis eran de nacionalidad filipina, residían en el estado de California y uno era brasileño.
Información tomada de: El tiempo Latino, Departamento de Justicia y Oficina Fiscal de los Estados Unidos.