El juez Robert Summerhays evalúa los argumentos a favor y en contra del Título 42, el cual permite expulsar de manera inmediata a los inmigrantes que buscan asilo en Estados Unidos. Se espera que en los próximos días se anuncie el fallo definitivo.
Summerhays, el juez federal de Louisiana a cargo de determinar el futuro de esa política, declinó emitir un fallo definitivo sobre la intención de la Casa Blanca de poner fin al Título 42. El magistrado argumentó que necesita evaluar los argumentos a favor y en contra de esa controversial medida, que fue puesta en marcha por la administración de Donald Trump y que ahora el presidente Joe Biden quiere terminar.
Biden había anunciado que su gobierno cancelaría el Título 42 este 23 de mayo, debido a que es una orden sanitaria, no de tipo migratorio, además, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) han dado luz verde para terminar con las restricciones migratorias porque consideran que la pandemia está bajo control.
Este anuncio, sin embargo, ha desencadenado una fuerte controversia. Los defensores de los inmigrantes la han aplaudido, pero los republicanos, e incluso algunos demócratas, se han manifestado en contra porque creen que de no mantener esta política, se agravaría la crisis humanitaria de los migrantes. Los estados que piden su permanencia dicen que el país no está preparado para recibir a tantos migrantes.
También, sugieren que de levantar el Título se enfrentarían a una presión sobre los sistemas de salud y de la policía. Por otra parte, para los defensores no hay bases para mantener dicha medida, ya que se trata de una política de salud y no de migración, igualmente, sustentan que los CDC tienen toda la autoridad para levantar una restricción de salud de emergencia que no consideran ya necesaria.
Mientras se emite la sentencia final, el gobierno reitera que, por ahora, avanza con medidas para afrontar un posible aumento en la llegada de migrantes si finalmente puede terminar con esa política a partir del 23 de este mes.
Uno de sus planes es «ampliar significativamente» las deportaciones expeditas, han dicho funcionarios gubernamentales de alto nivel refiriéndose a la aplicación rigurosa del Título 8 de la Ley de Inmigración (INA), un procedimiento distinto, pero garantizado bajo el respeto al debido proceso migratorio.
Finalmente, lo que sí está claro es que tanto republicanos como demócratas, sienten preocupación por el hecho de que el gobierno de Biden no esté preparado para recibir el enorme flujo de inmigrantes que esperan en la frontera de México entrar a Estados Unidos.
Ahora bien, una nueva demanda ha sido interpuesta al gobierno de Joe Biden para pedirle al mismo juez que tiene detenida la eliminación del Título 42, que frene la entrada en vigor de la Norma Final Provisional de Asilo o que otorgue una Orden Judicial Preliminar a nivel nacional. El fiscal general de Arizona, Mark Brnovic, sostiene que la nueva política “elimina en gran medida a los jueces federales de inmigración del proceso de revisión de asilo y, en cambio, otorga a los oficiales de asilo dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) una autoridad sin precedentes para otorgar asilo a los inmigrantes de forma absoluta”. Esta demanda fue presentada el viernes por el estado de Arizona junto a otros 19 estados.
Noticia realizada con información de: Univisión e Independent en español
