La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el jueves la solicitud del Gobierno de Joe Biden para imponer de carácter inmediato una política de criterios de deportación de inmigrantes distinta a la dictada por su antecesor Donald Trump.
En el fallo (5-4) participó por primera vez la magistrada Ketanji Brown Jackson, quien junto con las jueces Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett habrían accedido a la solicitud de la Administración Biden de suspender un fallo emitido por una corte federal de distrito de Texas que dejó sin efecto la política migratoria del mandatario en cuanto a las prioridades de expulsión.
La semana pasada, el gobierno de Biden presentó un recurso de emergencia ante el máximo tribunal para dejar sin efecto el fallo de una corte federal del Distrito de Texas que en junio, frenó las prioridades de deportación de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
Las nuevas prioridades, presentadas por el Gobierno se enfocan en aquellos indocumentados con orden de deportación y antecedentes criminales que constituyen una amenaza a la seguridad pública, nacional y fronteriza de Estados Unidos, contraria a la de Donald Trump, que colocaba en la mira de la deportación a todos los indocumentados.
Los demandantes, los estados de Texas y Louisiana, ambos gobernados por republicanos, alegan que la política de deportaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciada a finales de septiembre del 2021 violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) al no tener en cuenta la opinión de los estados.
También, declaran que el gobierno no puede cambiar la Ley de Inmigración, y que está obligado a detener y expulsar a extranjeros con órdenes de deportación y antecedentes criminales.
Los estados que detuvieron las prioridades de deportación del gobierno de Joe Biden, celebraron la decisión emitida por la Corte Suprema el jueves.
Otros estados, también argumentaron que la implementación de las prioridades provocaría un aumento de la delincuencia y supondría una carga para los recursos de las fuerzas del orden público.
Por otra parte, organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes se han pronunciado señalando que: “Se trata de un dictamen absolutamente absurdo. Cada administración presidencial en la historia ha tenido prioridades de aplicación de la ley de inmigración”, dijo Aaron Reichlin-Melnick, del American Immigration Council (AIC). “Cuando el Congreso creó el DHS, ordenó legalmente que el secretario de seguridad nacional estableciera dichas prioridades. Ahora, una corte dividida 5-4 ha permitido que un solo juez, en Texas, invalide a Mayorkas”
La existencia de dos sentencias distintas emitidas por las cortes de Apelaciones del 5º y 6º circuito, decisiones que generaron una contradicción sobre el tema, abrió la puerta para que el gobierno acuda a la Corte Suprema para resolver el conflicto jurídico.
Ahora, se está a la espera de ver qué acciones tomará el Gobierno bajó los departamentos encargados y la audiencia oral que se celebrará en diciembre sobre este tema.
Noticia realizada con información de: Univisión, El Nuevo Herald y Telemundo.
Finalmente, las personas con orden de deportación o sin estatus legal definido, antes de realizar cualquier acción deberían en primer lugar, buscar asesoría legal y ver qué recurso está disponible para su caso.
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