El fallo emitido este lunes 16 de mayo por la Corte Suprema de Justicia en el caso Patel deja a las puertas de la deportación a cualquier inmigrante que se haya equivocado durante un trámite que posteriormente sea rechazado por un oficial o un juez de inmigración.
Hasta antes del dictamen, quedaba la instancia de apelación ante las cortes federales, incluso el máximo tribunal de justicia, sin embargo, los magistrados, en una decisión dividida 5-4, se determinaron en contra de los extranjeros que buscan una revisión judicial.
La jueza Amy Coney Barrett, escribió en la sentencia que los tribunales federales “tienen prohibido categóricamente” considerar tales asuntos de inmigración, porque no tienen jurisdicción en los tribunales federales. Por otra parte, las únicas excepciones de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema, son las cuestiones constitucionales o las cuestiones de derecho.
Todo esto surge, a raíz de la revisión hecha por La Corte Suprema en el caso del inmigrante de origen indio Pankajkumar Patel y su esposa, quienes entraron ilegalmente sin haber sido inspeccionados en la frontera al país en la década de los 90. En 2012 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) determinó que Patel era “deportable” por estar presente “sin inspección” en el país.
Patel, intentó buscar un alivio discrecional de deportación que consiste en demostrar entre otras cosas, claramente y sin lugar a duda, que no es inadmisible en Estados Unidos, señala la ley. Pero su admisibilidad se puso en duda debido a que, cuando solicitó una licencia de conducir en el estado de Georgia, en el año 2008, marcó una casilla que indicaba que era ciudadano estadounidense y no lo era.
Finalmente, en su audiencia de deportación, el inmigrante de origen indio argumentó que fue un error, pero el juez de inmigración que presidió el juicio “rechazó” los argumentos de Patel y negó su solicitud de ajuste.
En la decisión de la Corte Suprema, se lee que la declaración falsa de que una persona es ciudadana estadounidense cuando no lo es, no solo faculta al gobierno a rechazar la solicitud de un beneficio, sino que además la persona se convierte legalmente en inadmisible para recibir la residencia y por haberse presentado a sí mismo cuando no lo era.
El dictamen constituye un duro golpe para un número indeterminado de inmigrantes en proceso de alcanzar un beneficio, afectados por una decisión adversa tomada discrecionalmente por un funcionario o para otros miles, que, el día de mañana soliciten un beneficio legal disponible y, durante el trámite, cometan un error involuntario y se convierta en una indeseada e inesperada causa de deportación.
Por último, la Corte Suprema falló que los extranjeros que declaran falsamente durante un trámite y afirman un estatus de permanencia que no tienen, no pueden apelar las decisiones que tome el Departamento de Justicia (DOJ) cuando le niegan un beneficio o emiten una orden de deportación. Igualmente, la ley federal “prohíbe la revisión judicial de cualquier fallo relacionado con la concesión de alivio” bajo el amparo de la Ley de Inmigración.
Noticia realizada con información de: Univisión
