Un juez federal de Louisiana bloqueó temporalmente la decisión del gobierno de Joe Biden de poner fin al Título 42, una política de salud pública que restringe el acceso de inmigrantes debido a la pandemia de coronavirus.
La medida estaba prevista para finalizar el próximo 23 de mayo, pero con el bloqueo emitido por la Corte de Distrito Este de Louisiana, División de Lafayette, seguirá vigente, razón por la cual los migrantes que llegan a la frontera sur seguirán siendo devueltos.
La información fue dada a conocer por el juez Robert Summerhays de la siguiente manera: «La Corte discutió la Solicitud de Orden de Restricción Temporal [ECF No. 24] presentada por el demandante (la Oficina del Procurador General de Arizona). Por las razones expuestas en el expediente, el Tribunal anunció su intención de otorgar la solicitud. Las partes consultarán sobre los términos específicos que se incluirán en la Orden de Restricción Temporal e intentar llegar a un acuerdo», es una parte del escrito de 25 páginas.
La respuesta ha sido celebrada y aplaudida por los diferentes estados demandantes y opositores a las políticas que desea implementar Joe Biden. El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, aplaudió al tribunal por otorgar una Orden de Restricción Temporal (TRO, por sus siglas en inglés) contra la administración de Biden para mantener el Título 42 en vigor, a pesar de que ya ha intentado revertirlo antes de la fecha límite del 23 de mayo.
El anuncio también fue celebrado por el procurador general de Missouri, Eric Schmitt, quien afirmó que «Esta es una gran victoria para la seguridad fronteriza, pero la lucha continúa», publicó en sus redes sociales.
La demanda estuvo encabezada por Arizona y respaldada por los estados de Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Kansas, Kentucky, Louisiana, Missouri, Montana, Mississippi, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, West Virginia y Wyoming, los cuales le habían pedido a la corte que le impidiera al gobierno poner fin al Título 42.
También, la presentación de esta solicitud se hace durante lo que se ha catalogado como la peor crisis fronteriza en la historia de Estados Unidos. Además de esta demanda impuesta por la coalición de los más de 20 estados, el gobierno de Texas interpuso su propio recurso, por lo que un juez de esa entidad deberá pronunciarse al respecto.
Bajo el Título 42 se ha permitido la expulsión expedita de casi dos millones de inmigrantes en los años fiscales 2021 y lo que va del 2022.
La Administración Biden tomó la decisión de terminar con el Título 42, bajo la recomendación de Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), igualmente, tras la presión de decenas de organizaciones y varios congresistas demócratas, así como los miembros del Caucus Hispano del Congreso (CHC).
El representante Raúl Ruiz, presidente del CHC, dijo que:
“El Caucus Hispano del Congreso dejó muy claro que la política del Título 42 es una política de emergencia de salud pública que se instituyó bajo la Administración Trump durante su agenda de odio y miedo contra inmigrantes”, agregó que la situación de la pandemia ha cambiado, debido a que ya hay pruebas contra COVID-19 y vacunas suficientes para evitar contagios.
Decenas de organizaciones civiles habían presionado al presidente demócrata para terminar con dicha política, la cual, impide a inmigrantes solicitar asilo y envía a los inmigrantes a México o a sus países de origen.
Finalmente, mientras se toma una decisión definitiva frente a este tema, se siguen conociendo algunos de los planes de Biden para contrarrestar lo que sería el aumento de migrantes en la frontera si se llegase a dar la terminación del título, entre ellos el procesamiento de entre 6,000 y 18,000 casos de asilo diarios una vez quedara eliminada la política sanitaria.
Se advirtió que se seguiría deportando de manera acelerada bajo el Título 8 de la Ley de Inmigración (INA) a inmigrantes que no califican para asilo, y la ampliación y construcción de nuevos centros de detención para inmigrantes. El gobierno también se preparaba para implementar nuevos programas en la frontera entre ellos darle poderes extraordinarios de discrecionalidad a agentes de asilo del servicio de inmigración y fiscales de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), para acelerar procesos y descongestionar la Corte de Inmigración, que a la fecha tiene más de 1.7 millones de casos acumulados.
Noticia realizada con información de: Univisión y El Diario.
