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El Gobierno de Estados Unidos busca contrarrestar una crisis inesperada por la escasez de leche de fórmula para bebés, agudizada en las últimas semanas.

La incertidumbre frente a la escasez de leche de fórmula para bebés golpea a millones de familias estadounidenses afectadas. El faltante se registraba hace meses en Estados Unidos, pero se acrecentó con la decisión de Laboratorios Abbott, el mayor proveedor de leche en polvo en el país, de suspender momentáneamente sus productos. Debido a una posible contaminación bacteriana luego de la muerte de dos bebés.

Por otra parte, mientras circulan en diferentes redes fotos de los estantes vacíos en supermercados y los padres asustados lidian con la continua escasez de fórmula para bebés en el país, algunos políticos critican a la Administración de Biden, alegando que está dando prioridad a los niños inmigrantes detenidos en la frontera donde sí cuentan con fórmulas sobre las familias estadounidenses.

Sin embargo, lo que desconocen los críticos es que según establece el acuerdo Flores de 1997 se requiere que los agentes fronterizos provean alimentos y agua, entre otras cosas, a los menores detenidos, lo que puede significar darles fórmula infantil. Si no lo hiciera, el Gobierno de Biden estaría violando la ley.

También, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo el 18 de mayo que Abbott Nutrition, la empresa que está en el centro de la actual escasez de leche de fórmula para bebés, podría enfrentarse a cargos penales. 

Aparte de las medidas que se están considerando en la legislatura, el presidente Joe Biden también ha tratado de llegar a acuerdos que permitan más importaciones extranjeras de leche de fórmula para bebés.

Además, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y Abbott llegaron a un acuerdo que permitiría reabrir la planta de Sturgis. Sin embargo, la empresa ha dicho que, incluso cuando se reabra la planta, podrían pasar entre ocho y diez semanas para que la leche de fórmula vuelva a abastecerse en los supermercados.

Todas las soluciones han salido a flote, el presidente Bide invoca la Ley de Producción de Defensa para hacer frente a la escasez de fórmula para bebés el presidente recurrió a una ley de tiempos de guerra para garantizar que los fabricantes de la leche en polvo tengan los insumos suficientes para elaborar el producto.

El anuncio implica que el Gobierno federal dará prioridad a los ingredientes clave para la producción de fórmulas lácteas y obligará a los proveedores a proporcionar los recursos necesarios a los fabricantes. Igualmente, Biden ha ordenado al Departamento de Defensa que se usen aviones militares para ayudar en la importación de la fórmula desde el extranjero.

Noticia realizada con información de: Telemundo y  The Epoch Times. 

El fallo emitido este lunes 16 de mayo por la Corte Suprema de Justicia en el caso Patel deja a las puertas de la deportación a cualquier inmigrante que se haya equivocado durante un trámite que posteriormente sea rechazado por un oficial o un juez de inmigración.

Hasta antes del dictamen, quedaba la instancia de apelación ante las cortes federales, incluso el máximo tribunal de justicia, sin embargo, los magistrados, en una decisión dividida 5-4, se determinaron en contra de los extranjeros que buscan una revisión judicial.

La jueza Amy Coney Barrett, escribió en la sentencia que los tribunales federales “tienen prohibido categóricamente” considerar tales asuntos de inmigración, porque no tienen jurisdicción en los tribunales federales. Por otra parte, las únicas excepciones de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema, son las cuestiones constitucionales o las cuestiones de derecho.

Todo esto surge, a raíz de la revisión hecha por La Corte Suprema en el caso del inmigrante de origen indio Pankajkumar Patel y su esposa, quienes entraron ilegalmente sin haber sido inspeccionados en la frontera al país en la década de los 90. En 2012 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) determinó que Patel era “deportable” por estar presente “sin inspección” en el país.

Patel, intentó buscar un alivio discrecional de deportación que consiste en demostrar entre otras cosas, claramente y sin lugar a duda, que no es inadmisible en Estados Unidos, señala la ley. Pero su admisibilidad se puso en duda debido a que, cuando solicitó una licencia de conducir en el estado de Georgia, en el año 2008, marcó una casilla que indicaba que era ciudadano estadounidense y no lo era.

Finalmente, en su audiencia de deportación, el inmigrante de origen indio argumentó que fue un error, pero el juez de inmigración que presidió el juicio “rechazó” los argumentos de Patel y negó su solicitud de ajuste.

En la decisión de la Corte Suprema, se lee que la declaración falsa de que una persona es ciudadana estadounidense cuando no lo es, no solo faculta al gobierno a rechazar la solicitud de un beneficio, sino que además la persona se convierte legalmente en inadmisible para recibir la residencia y por haberse presentado a sí mismo cuando no lo era.

El dictamen constituye un duro golpe para un número indeterminado de inmigrantes en proceso de alcanzar un beneficio, afectados por una decisión adversa tomada discrecionalmente por un funcionario o para otros miles, que, el día de mañana soliciten un beneficio legal disponible y, durante el trámite, cometan un error involuntario y se convierta en una indeseada e inesperada causa de deportación.

Por último, la Corte Suprema falló que los extranjeros que declaran falsamente durante un trámite y afirman un estatus de permanencia que no tienen, no pueden apelar las decisiones que tome el Departamento de Justicia (DOJ) cuando le niegan un beneficio o emiten una orden de deportación. Igualmente, la ley federal “prohíbe la revisión judicial de cualquier fallo relacionado con la concesión de alivio” bajo el amparo de la Ley de Inmigración.

Noticia realizada con información de: Univisión

El juez Robert Summerhays evalúa los argumentos a favor y en contra del Título 42, el cual permite expulsar de manera inmediata a los inmigrantes que buscan asilo en Estados Unidos. Se espera que en los próximos días se anuncie el fallo definitivo.

Summerhays, el juez federal de Louisiana a cargo de determinar el futuro de esa política, declinó emitir un fallo definitivo sobre la intención de la Casa Blanca de poner fin al Título 42. El magistrado argumentó que necesita evaluar los argumentos a favor y en contra de esa controversial medida, que fue puesta en marcha por la administración de Donald Trump y que ahora el presidente Joe Biden quiere terminar.

Biden había anunciado que su gobierno cancelaría el Título 42 este 23 de mayo, debido a que es una orden sanitaria, no de tipo migratorio, además, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) han dado luz verde para terminar con las restricciones migratorias porque consideran que la pandemia está bajo control.

Este anuncio, sin embargo, ha desencadenado una fuerte controversia. Los defensores de los inmigrantes la han aplaudido, pero los republicanos, e incluso algunos demócratas, se han manifestado en contra porque creen que de no mantener esta política, se agravaría la crisis humanitaria de los migrantes. Los estados que piden su permanencia dicen que el país no está preparado para recibir a tantos migrantes.

También, sugieren que de levantar el Título se enfrentarían a una presión sobre los sistemas de salud y de la policía. Por otra parte, para los defensores no hay bases para mantener dicha medida, ya que se trata de una política de salud y no de migración, igualmente, sustentan que los CDC tienen toda la autoridad para levantar una restricción de salud de emergencia que no consideran ya necesaria.

Mientras se emite la sentencia final, el gobierno reitera que, por ahora, avanza con medidas para afrontar un posible aumento en la llegada de migrantes si finalmente puede terminar con esa política a partir del 23 de este mes.

Uno de sus planes es «ampliar significativamente» las deportaciones expeditas, han dicho funcionarios gubernamentales de alto nivel refiriéndose a la aplicación rigurosa del Título 8 de la Ley de Inmigración (INA), un procedimiento distinto, pero garantizado bajo el respeto al debido proceso migratorio.

Finalmente, lo que sí está claro es que tanto republicanos como demócratas, sienten preocupación por el hecho de que el gobierno de Biden no esté preparado para recibir el enorme flujo de inmigrantes que esperan en la frontera de México entrar a Estados Unidos. 

Ahora bien, una nueva demanda ha sido interpuesta al gobierno de Joe Biden para pedirle al mismo juez que tiene detenida la eliminación del Título 42, que frene la entrada en vigor de la Norma Final Provisional de Asilo o que otorgue una Orden Judicial Preliminar a nivel nacional. El fiscal general de Arizona, Mark Brnovic, sostiene que la nueva política “elimina en gran medida a los jueces federales de inmigración del proceso de revisión de asilo y, en cambio, otorga a los oficiales de asilo dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) una autoridad sin precedentes para otorgar asilo a los inmigrantes de forma absoluta”. Esta demanda fue presentada el viernes por el estado de Arizona junto a otros 19 estados.

Noticia realizada con información  de: Univisión e Independent en español