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Estados Unidos anunció el programa Unión por Ucrania en el mes de abril, un paso clave para cumplir con el compromiso del presidente Biden de dar la bienvenida a los ucranianos que huyen de la invasión rusa. 

El programa proporciona un camino para que los ciudadanos ucranianos desplazados y sus familiares inmediatos que están fuera de Estados Unidos vengan al país y permanezcan por un periodo de permiso de permanencia temporal (“parole”) de dos años. Los ucranianos que participan en Unión por Ucrania deben tener un patrocinador en Estados Unidos que acepte proporcionarles apoyo financiero durante su estadía. También serán elegibles para solicitar la autorización de empleo discrecional ante El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

Algunos requisitos para la elegibilidad de los patrocinadores y beneficiarios del programa son:

Lo primero en el  proceso es que el patrocinador quien reside en Estados Unidos presente un Formulario I-134, Declaración Jurada de Patrocinio Económico, a USCIS. El patrocinador será examinado por el gobierno de Estados Unidos para garantizar que pueda apoyar financieramente a la persona que espera patrocinar.

Entre la lista de personas que pueden ser patrocinadores, se encuentran, los 

ciudadanos y nacionales estadounidenses, residentes permanentes legales (incluidos los residentes temporales legales, los residentes permanentes condicionales) y no inmigrantes en estado legal, entre otros. Adicionalmente, estas personas tienen que estar dispuestas y capaces de recibir, sustentar y apoyar al beneficiario indicado en el Formulario I-134 por el tiempo de permanencia. 

Por otra parte, entre los beneficiarios se incluyen familiares inmediatos, al cónyuge o pareja de hecho de un ciudadano ucraniano; y sus hijos solteros menores de 21 años. Importante: Si un hijo es menor de 18 debe viajar con un padre o tutor legal para poder usar este proceso.

Igualmente, los ucranianos pueden acceder a este beneficio si cumplen con algunas condiciones del proceso, entre las cuales destacan: 

-Residían en Ucrania inmediatamente antes de la invasión de Rusia (hasta el 11 de febrero de 2022) y fueron desplazados como resultado de la misma.

-Son ciudadanos ucranianos y poseen un pasaporte ucraniano válido (o es un hijo incluido en un pasaporte de uno de sus padres).

-Tiene un patrocinador que presentó un Formulario I-134 a nombre suyo que USCIS ha investigado y confirmado como adecuado.

-Pasa las verificaciones de seguridad biográficas y biométricas. 

Todos estos filtros se dan con la finalidad de constatar que el patrocinador pueda apoyar financieramente a los ucranianos y proteger a esta población contra la explotación y el abuso.

Sin embargo, no todos los ucranianos pueden acceder a este programa, por ejemplo, aquellos ciudadanos ucranianos que ya estaban presentes en Estados Unidos no serán considerados para permiso de permanencia temporal (“parole”) bajo Unión por Ucrania y deberán hacer su proceso por el Estatus de Protección Temporal, también, los menores que viajan sin un padre o tutor legal no son elegibles para el permiso de permanencia temporal. 

Posterior a esto, y de tramitar toda la documentación solicitada por USCIS la cual se encuentra en su página web, se revisará la solicitud y evidencia de apoyo, para garantizar que el patrocinador tiene los recursos económicos suficientes para patrocinar al beneficiario ucraniano. Además, se llevarán a cabo verificaciones de antecedentes del patrocinador. 

Finalmente, se determinará si el Formulario I-134 es adecuado, y se podría solicitar evidencia adicional para tomar la determinación. La aprobación o desaprobación de la solicitud, como información adicional que se pueda solicitar para el proceso, se hará mediante mensajes vía correo electrónico por parte de USCIS.

Noticia realizada con información de: U.S Citizenship and Immigration Services (USCIS)

Once personas que residían en California fueron acusadas por su vínculo con la gestión de una «agencia» de fraude matrimonial a gran escala que supuestamente arregló cientos de matrimonios falsos para ajustar estatus migratorios, informó el Departamento de Justicia. 

La acusación reseña que estos individuos operaban una “agencia” que organizó cientos de matrimonios falsos entre “clientes” extranjeros y ciudadanos estadounidenses. Como parte del esquema de operación, se reclutaba a ciudadanos estadounidenses dispuestos a casarse con los clientes de la agencia a cambio de una tarifa inicial y pagos mensuales hasta después del matrimonio, para mantener a los ciudadanos estadounidenses receptivos y cooperativos hasta que el cliente de la agencia tuviera su estatus legal.                

La agencia supuestamente preparó y presentó peticiones, solicitudes y otros documentos falsos para corroborar los matrimonios fraudulentos y asegurar el ajuste de los estatus migratorios de los clientes por una tarifa de entre $20,000 y $30,000 en efectivo.

Uno de los capturados fue,  Marcialito Biol Benítez, alias “Mars” , quien junto a sus cómplices ayudaban a algunos clientes, generalmente aquellos cuyos cónyuges no respondían o no cooperaban, a obtener tarjetas de residencia bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) al afirmar que los clientes indocumentados habían sido abusados ​​​​por presuntos cónyuges estadounidenses. 

“El fraude matrimonial es un delito grave que amenaza la integridad del sistema de inmigración legal de nuestra nación”, dijo la fiscal federal Rachael S. Rollins. “La supuesta explotación de este sistema por parte de estos acusados ​​con fines de lucro es una afrenta a la tradición de nuestra nación de dar la bienvenida a inmigrantes y posibles ciudadanos. Su supuesto comportamiento fraudulento dificulta las cosas para la gran mayoría de los inmigrantes que siguen la ley y respetan nuestro sistema de inmigración. Más allá de eso, al supuestamente presentar solicitudes falsas que alegaban abuso doméstico, estos acusados ​​causaron más daño, esta vez a víctimas reales y sobrevivientes de violencia doméstica”.

Se plantea que, los acusados concertaron matrimonios fraudulentos y presentaron documentos de inmigración falsos para al menos 400 clientes entre octubre de 2016 y marzo de 2022.  El cargo de conspiración para cometer fraude matrimonial contempla una sentencia de hasta cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de $250,000.     

Joseph R. Bonavolonta, agente especial a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), en Boston, dijo: “Creemos que su supuesto esquema violó las leyes de inmigración vigentes que sirven para proteger la seguridad pública y creó una desventaja para aquellos que buscan obtener su ciudadanía legalmente”.

Entre los once acusados, seis eran de nacionalidad filipina, residían en el estado de California y uno era brasileño.

Información tomada de: El tiempo Latino, Departamento de Justicia y Oficina Fiscal de los Estados Unidos.