Tras una demanda interpuesta por los estados de Arizona, Montana y Ohio, en donde alegan que el gobierno violó la ley al modificar y establecer las prioridades de deportación para aquellos indocumentados que tienen una orden de expulsión vigente. El juez del distrito Michael Newman, suspendió las prioridades de deportación y ordenó al gobierno ejecutar las expulsiones pendientes, mencionando además que el gobierno federal no tiene la autoridad para modificar las leyes de captura y deportación de extranjeros que el Congreso de EEUU ha promulgado bajo el debido proceso legislativo.
De esta forma se bloquea la Sección 2 del memorando emitido por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del 30 septiembre de 2021, donde establecen nuevas prioridades de deportación.
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