La falta de coherencia de la política inmigratoria de la administración Biden-Harris empezará a pasar factura.
Según Cifras, a finales de abril la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) tenía acumulados más de 1.7 millones de casos y más de 580.000 migrantes en un limbo jurídico sin una situación migratoria clara.
Dada la coyuntura, la administración Biden- Harris, busca descongestionar los expedientes acumulados acelerando los procesos de asilo político.
Pero cuatro meses después de implementada la primera fase en Texas, y cuando el gobierno se prepara para extenderlo, expertos advierten que la prisa pone en riesgo a miles de migrantes que buscan asilo en Estados Unidos.
En otras palabras, con esta decisión se empujaran los casos por el sistema judicial a costa de los derechos de los inmigrantes. Según expertos* los plazos de tiempo “excesivamente cortos” no alcanzan para que los inmigrantes reúnan y presenten evidencias que corroboren sus historias y miedos. *Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) y el Consejo Estadounidense de Inmigración en un reporte publicado en el sitio Think Immigration.
Así mismo, le otorgará poderes extraordinarios temporales a los agentes de asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) para adjudicar estas aplicaciones defensivamente, un poder que hasta este momento solo tenían los jueces de inmigración.
Lo que propone la administración Biden-Harris en este nuevo programa es:
1. Personas en la frontera serán puestas en deportación acelerada y detención por ICE.
2. Entrevista de miedo creíble, en detención y
3. Entrevista de Méritos de Asilo (AMI) por USCIS.
¿Realmente estas medidas son soluciones estructurales para un sistema colapsado y fracasado? La falta de un esfuerzo legislativo del congreso americano que sea serio y coherente nos pasará factura a todos los inmigrantes.
Nota redactada a partir de: Univisión y Hondudiario
