Día: 20 de abril de 2022

Una demanda ha sido interpuesta en contra del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por los programas de vigilancia que utiliza para supervisar a los inmigrantes. Lo que se exige por medio de esta demanda es que se haga público qué se hace con la información obtenida. 
Un grupo de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes demandó al gobierno por la falta de transparencia del Programa Alternativo de Detención (ATD) de inmigrantes que son liberados bajo el pago de una fianza, con grilletes en espera de sus audiencias o se les otorga un teléfono móvil desde donde deben reportarse periódicamente, y, a través del cual reciben indicaciones respecto a qué hacer durante sus procesos migratorios. Se plantea que por este medio, son permanentemente vigilados por el GPS de los dispositivos móviles.
Los demandantes alegan que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, una dependencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no publica datos acerca de la información que recopila de inmigrantes bajo el ATD y tampoco existe supervisión sobre la agencia por el manejo de la información recopilada.
El Programa de Alternativa de Detención consiste en un conjunto de leyes, reglamentos, políticas o prácticas formales o informales que permiten al gobierno liberar a personas -o no detenerlas- por motivos relacionados con su situación migratoria en Estados Unidos.
La demanda fue presentada por las siguientes organizaciones pro migrantes: Mijente Support Committee, el Just Futures Law y Community Justice Exchange. Ellos demandan a ICE con el fin de recibir información sobre los datos que la agencia federal recopila de los inmigrantes que fueron previamente procesados y luego fueron colocados en libertad bajo el Programa de Alternativa de Detención. 
Recurrieron a este recurso porque, en septiembre del año pasado el grupo presentó una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) con una serie de preguntas relacionadas con el programa ATD y al día de hoy, no han obtenido respuesta a su solicitud. Por tal razón, presentaron la demanda para transparentar la información del ATD en manos del gobierno federal. El objetivo principal de la demanda, es dar respuesta sobre qué hace, qué información tiene, cómo ICE guarda y emplea toda la información recopilada. 
ICE dice que en el programa ATD, a cargo de la Unidad de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) utiliza tecnología y protocolos de manejo de casos para “monitorear el cumplimiento” de los no ciudadanos (indocumentados) con órdenes finales de remoción o con liberación condicionada mientras sus casos de inmigración están pendientes.
Sin embargo, no solo está relacionado con los datos e información, la demanda quiere ir más allá y que se evidencie claramente que está pasando con este proyecto. Algunas de las preocupaciones que expresan los demandantes son:“La falta de transparencia por parte del gobierno en torno al programa “, dijo a Univision Noticias Jacinta Gonzalez, directora principal de campaña de Mijente.En declaraciones al Dauly News, la activista también dijo que “ICE ha hecho crecer agresivamente su programa de encarcelamiento electrónico en los últimos años, en gran parte sin supervisión ni debate público”.
De acuerdo con datos de ICE, la inscripción en el programa ATD ha aumentado con los años. En enero se tenía una cifra de más de 182.600 personas en el programa, 60.000 más que durante los seis meses anteriores.
En febrero, ICE dijo que preparaba un plan piloto para extender el ATD con el objetivo de favorecer a extranjeros que buscan asilo, un beneficio legal disponible, y que no representan un riesgo para la seguridad pública o nacional.
El plan de crecimiento del ATD asomó poco después de conocerse, en enero, un récord de casos acumulados en la Corte de Inmigración (EOIR), con 1.6 millones, de acuerdo con un reporte del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse en Nueva York. En la actualidad la cifra de acumulados supera los 1.7 millones.
El objetivo del programa ha dicho el gobierno, es reducir la cantidad de extranjeros en centros de detención tanto de La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) como del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), y de paso cumplir con una de las promesas de campaña del presidente de poner fin al lucro con los inmigrantes en centros de detención manejados por empresas privadas.
No obstante, el fin del lucro mencionado por el gobierno está en duda para los demandantes. “Los datos muestran que han incrementado los ATD, ha crecido la cantidad de dinero y el número de personas que ponen en vigilancia”, dice González.
A su vez, el programa de vigilancia de ICE está a cargo de BI Inc, una subsidiaria de Geo Group, empresa que maneja la mayoría de los centros de detención de ICE en el país.GEO Group controla a más de 200.000 migrantes mediante tobilleras electrónicas, al menos 26.000 bajo un sistema de reconocimiento de voz y unos 26.000 extranjeros por reconocimiento facial conocido como Smartlink, de acuerdo con datos de la agencia.
Los demandantes alegan que no hay datos suficientes para conocer qué hace BI con los datos de los miles de no ciudadanos colocados en el programa y por eso la demanda, para que haya transparencia, porque la gente debe saber qué información tiene en sus manos el gobierno, y qué hace con ella, además, permite que no se lucre y finalmente, asegurarse que la información solo se puede utilizar para los fines que fue recolectada. 

Noticia realizada con información de: Univisión Noticias